Los comentarios suscitados en torno a las declaraciones del secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, en relación al destino de las carreteras de cuota y la posibilidad de que vuelvan al sector privado, revela vicios en los medios de comunicación y trivialidad en la actitud de nuestros políticos.
Bastó el anuncio de que se considera la privatización como alternativa y la expresión del secretario en el sentido de que en el rescate carretero no se han invertido recursos fiscales, para provocar una andanada de reacciones que amenazan abrir las cicatrices del pasado en provecho de los sembradores de cizaña.
Las palabras de Téllez han sido interpretadas como si hubiera dicho que ese sistema carretero no cuesta al pueblo o no le cuesta a nadie, cuando sus palabras apuntan justamente a plantear que la amortización y mantenimiento de tales vías, constituye una operación costeable a cargo de los usuarios.
Hagamos un poco de historia. La modernización carretera emprendida por Salinas de Gortari es un logro positivo de su Administración, malogrado por el colapso del sistema financiero nacional ocurrido al término de su sexenio.
En el momento en que la caída del peso hizo subir las tasas de interés a niveles fuera de control, las empresas propietarias de las carreteras de cuota dejaron de pagar las deudas contraídas con los bancos, quienes se las adjudicaron en pago.
Se suscitó un problema estrictamente financiero, en función de que la inestabilidad de la economía hizo que deudas contraídas en función de un marco determinado, resultaron impagables. Lo mismo ocurrió con otro tipo de empresas o negocios y hasta con los créditos hipotecarios para adquisición de vivienda.
El hecho de que el rescate carretero haya sido o no pagado con recursos fiscales, es una cuestión meramente contable, pues lo cierto es que lo que costó fue el rescate bancario en el que las carreteras jugaron el papel de bienes adjudicados y en ese sentido estricto el secretario Téllez tiene razón.
Sin embargo, las declaraciones del secretario han dado pie a nuevo enfrentamientos entre nuestros políticos, en los que lamentablemente se vuelve la vista atrás en función de revivir viejas reclamaciones que a estas alturas resultan estériles. Lo que corresponde en este momento es debatir las ventajas y desventajas de una eventual venta al sector privado de las carreteras de cuota, que abra la oportunidad de obtener capital fresco para que el Gobierno lo invierta en carreteras de libre acceso en beneficio de la sociedad mexicana en su conjunto.
Desde luego que la posibilidad de reprivatizar las carreteras de cuota, depende por completo de que la operación de las mismas sea negocio para los inversionistas y a ello corresponde la declaración de Luis Téllez sobre el estado financiero del sistema y la viabilidad de su operación costeable.
Ojalá que en el Congreso exista la capacidad para enfocar este tema en una perspectiva correcta, moderna y práctica, al margen de los fanatismos ideológicos cerrados a la inversión privada que paralizan el desarrollo de nuestro país.
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