Frente a la posibilidad de que los diputados del Partido de la Revolución Democrática, hagan valer su condición de mayoría y legalicen el aborto en la Ciudad de México, es interesante analizar algunas de las consecuencias de la adopción de la medida.
Lo anterior en virtud de que la iniciativa perredista se anuncia asociada a la asignación de recursos para financiar la práctica de los abortos en los sistemas de salud del Distrito Federal sin costo para la usuaria, lo que implica toda una política de Estado de promoción y apoyo, que no se limita a la despenalización del aborto.
Por otra parte los diputados del Partido Acción Nacional denuncian el riesgo de que el tejido celular de los fetos sacrificados, sean comercializados para experimentos médicos y hasta en procesos de fabricación de cosméticos y exigen que para el caso de que se aprueba la Ley en comento, se incluyan algunas medidas para regular el destino del los restos humanos resultantes de los abortos. Es posible imaginar que en una sociedad proclive a la obtención de dinero fácil, el asunto podría convertirse en una industria como ocurre con el tráfico de órganos o de niños secuestrados.
Como se ve la discusión no se reduce a la simpleza de justificar el aborto bajo el argumento de que la mujer tiene derecho a disponer de su propio cuerpo, pues la realidad confirma que el feto constituye un ser en sí mismo distinto a sus progenitores, respecto de cuya vida ni la madre, ni el Estado, ni nadie puede disponer.
Otros argumentos que se utilizan para justificar la legalización del aborto se basan en las estadísticas sobre su práctica clandestina y el saldo de mujeres muertas; por muy altas que sean las cifras corresponden a casos de excepción y en todo caso es aplicable el principio según el cual de la sola repetición de un hecho no puede desprenderse consecuencias normativas.
Razonar en sentido contrario ha llevado a pedir la legalización de las drogas, ahora la legalización del aborto y mañana se pugnará por legalizar la violación, el robo y el fraude y hasta el homicidio, ya que en nuestros días las ejecuciones de la mafia o el sacrificio de periodistas asesinados, han generado una práctica cotidiana que bajo el criterio indicado pretenderá convertirse en Ley absolutoria.
Otra de las consecuencias nocivas del debate sobre el aborto, apunta a que se ha convertido en un tema de confrontación estéril entre algunos sectores con diversas organizaciones religiosas incluida la Iglesia Católica, contra las cuales se ha lanzado una campaña con el pretexto de pedir “respeto al Estado laico” por mantener una posición indeclinable a favor de la vida.
En esa tesitura, los promotores del aborto insisten en citar casos extremos como el que implica el aborto en el caso de violación, que en nuestro sistema jurídico vigente no está penalizado, para justificar el aborto indiscriminado y bajo cualquier circunstancia, lo que implica una forma de manipulación de los argumentos que al resonar en los medios de comunicación, conduce a confusión.
Resulta increíble que en un país como el nuestro, urgido de reformas institucionales que nos permitan competir a nivel mundial, tengan cabida políticos interesados en posponer la discusión de los grandes temas nacionales, al tiempo que se empeñan en debatir cuestiones que sólo alientan al encono entre compatriotas, condenándonos a la inmovilidad y al subdesarrollo.
Lo anterior se explica por que los promotores de la reforma abortista, influenciados por una ideología de izquierda anacrónica que basa el avance de su revolución en la lucha de contrarios, en lugar de contribuir a resolver los problemas sociales alientan todo tipo de conflictos por razón de clase (ricos contra pobres), raza (falso indigenismo), tendencias sexuales (apología gay), religión, etcétera, con el único fin de desestabilizar a las instituciones y debilitar el tejido social para hacerse del poder absoluto.
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