La semana pasada se desató un conflicto entre el Gobierno Municipal de Torreón y un grupo de concesionarios del transporte público que se opone al proyecto de modernización que propone el Ayuntamiento en relación a dicho servicio.
El problema ancestral del transporte público en Torreón como en otras partes del país, reside en que el otorgamiento de las concesiones durante el sistema de partido de Estado, obedeció a intereses clientelares. El Partido Revolucionario Institucional funcionaba como apéndice del Gobierno, que aglutinaba en forma corporativa cuadros sindicales a los que daba las concesiones a cambio de lealtad político-electoral. Como consecuencia, la prestación adecuada de dicho servicio en términos de calidad y precio, era un objetivo secundario supeditado a criterios de control político.
A la caída del régimen de partido de Estado en los niveles federal y municipal, el viejo sistema se recrea corregido y aumentado en los estados en los que continúa gobernando el PRI, que de esta suerte se convierten en verdaderas ínsulas de poder en manos del sátrapa local en turno.
Lo anterior genera una crisis de identidad en los priistas, que entre las ruinas del viejo régimen y los cimientos de una democracia incipiente, viven la contradicción irresoluble de actuar como Gobierno Estatal autocrático y a niveles federal y municipal presumiendo ser Oposición democrática, madura y responsable.
Bajo esas circunstancias estalla el conflicto entre el Gobierno Municipal de Torreón y un sector de concesionarios que en forma anacrónica continúan anexos al PRI, que los sigue cobijando pese a que ningún rendimiento electoral le proporcionan y por el contrario, son un lastre de cara a los intereses de la sociedad (la gente) y en particular de los usuarios del transporte público, que son verdaderas víctimas de los vicios remanentes del antiguo sistema.
Los transportistas rebeldes suspenden el servicio y convocan a un movimiento de resistencia en contra de los intentos de modernización, lo que causa un enfrentamiento entre las huestes movilizadas por los concesionarios y la Policía municipal.
En el zafarrancho se interponen a favor de los transportistas la síndico de minoría y un regidor, ambos priistas, que se duelen de haber sido golpeados. Derivado de lo ocurrido, las dirigencias estatal y municipal del PRI emprenden un movimiento en contra del presidente de la comuna, que incluye la toma del edificio sede de la Presidencia Municipal, la destitución del director de Seguridad Pública y la propuesta de juicio político del alcalde.
Como el ciudadano medio de Torreón está fuera del alcance de la manipulación priista, que pretende hacer de los ediles tricolores víctimas de la represión, nadie traga el anzuelo y por el contrario, los sectores sociales se pronuncian a favor de sus autoridades.
Lo acontecido obliga a cuestionar al PRI y a los ediles que en un acto de provocación dieron la espalda a su función de autoridades electas a un órgano colegiado (Ayuntamiento), para asumir en apoyo del llamado pulpo camionero un activismo netamente partidista, que es incompatible con la naturaleza de los cargos que al interior del Gobierno Municipal ostentan el regidor y la síndico priistas.
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