“La justicia es la venganza del hombre social, como la venganza es la justicia del hombre salvaje”.
Epicuro
Hace unos días recibí un correo electrónico de una radioescucha cuyo nombre prefiero mantener en el anonimato.
“Quisiera comentaras –decía el correo— lo que hoy le pasó a mi cuñada. Fue asaltada en la mañana al llevar a los niños a la escuela. Le rompieron el vidrio de la camioneta y le robaron su bolsa con todos sus documentos, licencia, tarjetas de crédito, IFE, credenciales de los niños de la escuela, etc.”.
“Va a la delegación Azcapotzcalco a denunciar el robo y le ponen mil pretextos para no levantar el acta. Cosas increíbles, como: Pero no está el perito que cheque el vidrio roto del auto… Tiene que hacer un retrato hablado y no se acuerda cómo es el muchacho… Huy, va a tener que regresar muchas veces a testificar… Es muy tardado y no los vamos a encontrar… Necesita testigos”.
La mujer a todo dijo: “Sí, sí, sí, no importa. Yo quiero denunciar. Le contestaron. Espere. La dejaron esperar una hora y pico. Y la llamaron y le repitieron que era más fácil un acto de extravío, que de todas formas le servía y no tendría problemas”.
“Fueron tan insistentes y ella [estaba] tan abrumada, que la convencieron. Llegó frustrada diciendo que había sido peor la experiencia en la delegación que el asalto. Salió de la delegación a las 4 PM cuando la asaltaron a las 7 AM”.
“Y cuando estaba llenando la denuncia por extravío le preguntaron dónde y a qué hora lo extravió. Y ella preguntó: ¿no se supone que lo perdí? Y le contestaron: Sí, pero tiene que decir el lugar y la hora. Y dio los datos del asalto…”.
“¿Cómo creer en las estadísticas? ¿Cómo creer en la ley? A los automovilistas nos tratan como delincuentes. A los padres de familia afuera de las escuelas también. ¿A los delincuentes? ¿Quién es peor?”
La persona que me manda el correo termina por reflexionar: “Por lo menos el asalto fue rápido…”.
Ignoro si las autoridades de la Ciudad de México están aplicando una política de disuadir las denuncias para bajar los índices oficiales de delincuencia o si es simplemente la displicencia o flojera de quienes trabajan en los Ministerios Públicos la que los lleva a hacer todo lo posible para evitar que se levanten denuncias por delitos. El hecho es que estas historias se multiplican por doquier y no sólo en el Distrito Federal.
El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), de hecho, calcula que de los delitos que se cometen en el país sólo se denuncia una décima parte. La famosa cifra negra, por lo tanto, no es un monto pequeño. Todo lo contrario, fuera de los delitos que se persiguen de oficio, como el homicidio, o los que se denuncian porque el acta es indispensable para cobrar el seguro y para librar de responsabilidad a los propietarios, como el robo de automóviles, la enorme mayoría de los delitos simplemente no se reporta.
En su libro Seguridad y justicia, el doctor Alejandro Gertz Manero, rector de la Universidad de las Américas y ex secretario de Seguridad Pública de los gobiernos federal y capitalino, señala que el 98 por ciento de los delitos que se cometen en nuestro país permanece impune. Y quizá no deba sorprendernos. Los ministerios públicos, que tienen el monopolio de la acción penal, están abrumados de trabajo. Con frecuencia sus oficinas se convierten en simples notarías de delitos en que se toman declaraciones y denuncias que nunca nadie tratará siquiera de investigar. Las actas se levantan solamente para propósitos burocráticos.
Si alguien quiere realmente que una denuncia prospere, necesita tener amigos en el Ministerio Público o agradecer de alguna manera –de preferencia económica— la acción de la autoridad. Para la enorme mayoría de la gente, sin embargo, la posibilidad de conseguir justicia está fuera de su alcance.
Evidentemente, el sistema de justicia de nuestro país está enfermo. Este pasado 17 de octubre, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y TV Azteca llevaron a cabo un seminario sobre la reforma del sistema de justicia en el Auditorio Héctor Fix Zamudio del IIJ. Y quizá el único punto en el que hubo un acuerdo contundente es, precisamente, ése: el triste estado de nuestro sistema de justicia.
Hay por lo menos una decena de propuestas en el Congreso de la Unión para reformar este maltrecho sistema de justicia. Uno de ellos es del propio presidente Felipe Calderón. El problema, sin embargo, es que todos ellos se enfocan estrictamente al ámbito federal. Y las dificultades que enfrentan los ciudadanos, como esa mujer a la que no se le permitió presentar la denuncia por robo en la delegación Azcapotzalco, son en buena medida del fuero común.
LA LLAMADA
Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, me llama para aclarar que la llamada a la que hice referencia en mi artículo del 19 de octubre (“¿Arreglo previo?”) en una cena para el rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente provenía del subsecretario de hacienda Alejandro Werner. El propósito de la llamada era informarle, como miembro del consejo del IPAB, sobre lo que estaba pasando en la puja por Aeroméxico. El 16 de octubre en la mañana, me dice, él participó en la junta de consejo del IPAB que continuó después ya sin su presencia. Werner le llamó en la noche para informarle de cómo habían sucedido las cosas en el día.
Página de Internet:
www.sergiosarmiento.com
