TORREÓN, COAH.- El ex alcalde de Matamoros, Jesús Contreras Pacheco, quien a nombre del Municipio donó en 1997 al Gobierno del Estado las 8 hectáreas de terreno ubicadas en el ejido San Miguel, donde se construyó en 1999 el Instituto Estatal de Estudios Superiores de Seguridad Pública, aseguró que fueron entre 600 y 800 mil pesos los que el Estado pagó a ocho personas a manera de indemnización, por los citados terrenos que cuentan con su escritura legalmente. Entre ellos se encontraba el actual comisariado ejidal Roberto Ramírez.
Aseguró que no está en riesgo la propiedad del Instituto y el hecho de que exista un litigio agrario no implica un impedimento para realizar alguna inversión. “Pues en el supuesto caso de que el Tribunal Unitario Agrario fallara a favor de los ejidatarios quejosos, éstos únicamente estarían en posibilidades de negociar una compensación”.
Contreras Pacheco fue citado a comparecer el próximo 28 de septiembre ante el Tribunal Unitario Agrario en Saltillo, en donde precisamente ese día se desarrollaría la última audiencia en torno al litigio que presentaron 100 ejidatarios de San Miguel que reclaman una compensación sobre 68 hectáreas, 60 de las cuales fueron vendidas hace más de diez años a precios irrisorios a particulares, según lo aseguró el comisariado ejidal Roberto Ramírez
Sin precisar fechas, Contreras Pacheco explicó, que fue en 1995 cuando se celebró la “asamblea dura” entre los ejidatarios de San Miguel, los que ante notario público, cedieron 8 hectáreas que a su vez fueron donadas al Gobierno del Estado entonces a cargo de Rogelio Montemayor Seguy.
Toda la documentación correspondiente a la cesión de estos derechos sobre el caso de estas tierras, debe estar en el archivo del Municipio y por lo que respecta a la indemnización de las personas inconformes, entre ellos una mujer, debe tenerla el Fideicomiso de Seguridad Pública que en aquellos años tenía como coordinador regional a Mario Pérez Garza, aseguró.
Como actor del proceso que dio origen a la donación y entrega de las 8 hectáreas donde se pretende construir ahora el Centro Regional de Control de Crisis, Contreras Pacheco aseguró que no existe ninguna ilegalidad en las escrituras que amparan la propiedad sobre 8 hectáreas, pues se pagó en su tiempo lo negociado, ya que de lo contrario no se hubiera construido el Centro de Capacitación, el cual tuvo un costo en su primera etapa de 2.5 millones de pesos.
Es falso como se pretende hacer creer que está en riesgo una inversión en esos espacios, donde “ciertamente existe un litigio, de los que hay cientos en el municipio de Matamoros debido a problemas agrarios. “Pero en este caso no quiere decir que los ejidatarios tengan la razón”.
Desde su perspectiva este asunto es fácil de resolver legalmente, ya que no existe problema legal de tenencia de la tierra del Instituto, en todo caso, la discusión es por lo que respecta a las indemnizaciones “pero eso es otra cosa”.
