México, DF.- El representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el italiano Amerigo Incalcaterra, afirmó ayer que tanto en la legislación como en la práctica existe una ?discriminación hacia los pueblos y comunidades indígenas?.
Durante la presentación del informe del ?Diagnóstico sobre el acceso a la Justicia para los indígenas en México: Estudio de Caso en Oaxaca?, el funcionario internacional dijo ayer que el estudio muestra ?que debido a la situación de marginación y pobreza?, los indígenas ?no logran tener una defensa adecuada? aún en el país.
Entre los señalamientos destacó el desconocimiento entre los jueces y ministerios públicos de la lengua y normas indígenas, la reducida presencia de intérpretes, peritos o abogados indígenas que puedan suplir esas deficiencias, los malos tratos y en ocasiones la tortura de que son víctimas durante los procesos judiciales.
Estas son algunas de las conclusiones del informe ?Diagnósticos sobre el acceso a la justicia para los indígenas en México: Estudio de caso en Oaxaca? que presentó ayer la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el Senado de la República.
Jean Perlin, coordinadora del informe, precisó que para la realización del estudio se entrevistó a mil 30 personas recluidas en centros penitenciarios de Oaxaca, indígenas y no indígenas, para comparar la situación de ambos grupos en el acceso a la justicia.
Durante la investigación, la ONU encontró un cuadro de negación sistemática de los derechos de los indígenas a acceder a la justicia en condiciones de igualdad.
El informe destaca que existen desfases y contradicciones entre los derechos reconocidos en la Constitución y su instrumentación en la legislación secundaria.
Otro desfase se ubicó en el hecho de que la garantía constitucional al traductor e intérprete forma parte del derecho a la identidad indígena, pero en algunas legislaciones secundarias, se limita situaciones donde la persona no habla o entiende el español. ?Se observa que a menudo existe una brecha entre la garantía formal de un derecho y su implementación práctica. Esto ocurre sobre todo respecto de la calidad en la garantía de la defensa?, afirmó Jean Perlin.
La especialista destacó que el derecho a la defensa, particularmente encuentra serios obstáculos estructurales para su desarrollo en el caso de integrantes de pueblos indígenas, pues en la práctica se niega reiteradamente el acceso temprano o en condiciones adecuadas al defensor.
Precisó que de los más de 60 por ciento de indígenas que expresaron la necesidad de contar con un traductor en la declaración preparatoria, sólo se solicitó u ordenó ese servicio en 11 por ciento de casos del fuero común, pese a que el 91 por ciento de los encuestados indígenas hablaba un idioma indígena.
El informe formula una serie de recomendaciones a los tres poderes del Gobierno Federal entre los que destaca la incorporación sistemática de traductores e intérpretes calificados al sistema de justicia, así como la formación y participación de peritos en antropología jurídica, cultura y lingüística, para garantizar que se intérprete adecuadamente la diferencia cultural en los juicios.
En la presentación del informe, estuvieron presentes los presidentes de la comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Senado y la Cámara Baja, así como Luis H. Álvarez, director general de la Comisión General para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
