El Siglo de torreón
México, DF.- Las acciones para enfrentar a los acaparadores de maíz que intentan mantener altos los precios de la tortilla dieron ayer sus primeros resultados.
Anoche la Procuraduría General de la República informó que en una acción conjunta con inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor aseguró 118 mil 730 toneladas de maíz en diversos municipios del estado de Jalisco
A través de un comunicado la PGR dio a conocer que las diligencias se llevaron a cabo en bodegas ubicadas en Ameca, Zapotlán del Rey, Atotonilco del Alto, San Martín Hidalgo, Tlajomulco de Zúñiga y Poncitlán.
Fuentes de la dependencia indicaron a la AEE que el maíz asegurado quedará bajo custodia de las autoridades federales hasta en tanto se desahogan las denuncias que inició la Profeco por presuntas prácticas de ocultamiento deliberado del grano con el objetivo de influir en los precios.
Las denuncias, detalló la PGR, se iniciaron a partir de la presunción de que el maíz asegurado pudo ser objeto de conductas de acaparamiento, sancionadas por el Código Penal Federal.
De acuerdo con la dependencia, en las visitas de verificación que realizaron inspectores de la Profeco se pudo constatar que en las bodegas existían cantidades de maíz prácticamente idénticas a las encontradas en visitas anteriores, ?lo que genera la presunción de conductas de acaparamiento o negativa de venta?.
Por ello, explicó, el Ministerio Público de la Federación procedió al aseguramiento del maíz referido y de inmediato notificó a los dueños de las bodegas para que puedan iniciar sus alegatos de defensa.
En los diversos operativos participaron agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), de la Agencia Federal de Investigación (AFI), inspectores de la Profeco, así como Ministerios Públicos de la Federación.
De acuerdo con el Artículo 153 del Código Penal ?dedicado a los delitos contra el consumo- se considera una falta grave el acaparamiento, la ocultación o la injustificada negativa para la venta de productos con el objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto de los consumidores
Esta práctica, de ser documentada y probada, puede alcanzar una pena que va de los tres a los diez años de prisión.
Además, el Artículo 25 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor faculta a la Profeco a suspender la comercialización de productos cuando se afecte la economía de una colectividad de consumidores.
De igual forma, el Artículo 128 determina que son ?casos graves? cuando se trate de productos básicos como alimentos de consumo generalizado. En el Artículo 66 de la misma Ley se establece que se puede considerar como una práctica abusiva, el acaparamiento, el almacenamiento o el ocultamiento de productos para influir en el precio.
En entrevista con la AEE, el procurador federal del Consumidor, Antonio Morales de la Peña, había advertido que esa dependencia actuaría ?hasta sus últimas consecuencias? para enfrentar a los acaparadores que buscan sacar provecho del incremento en los precios del maíz.
