Uno de los temas que está considerado en la tan mencionada reforma del Estado es el electoral. Como sabemos la iniciativa se encuentra ya en tránsito en la Cámara de Diputados, una vez que se aprobó en el Senado. Se ha señalado que dentro de este tema uno de los aspectos en el que hay un amplio consenso para darle prioridad es el de la relación entre el dinero y la política.
Específicamente, se ha planteado por enésima vez, la necesidad de recortar los enormes recursos públicos que se destinan a las entidades que tienen que ver con el quehacer político profesional institucionalizado, a saber: los partidos políticos, las cámaras del Congreso, el Instituto Federal Electoral y otras instancias de la política que reciben fondos públicos.
Para ubicar un poco la cuestión hay que mencionar que según algunos cálculos de 1997 a 2006 los partidos políticos han recibido 25 mil 680 millones de pesos. El Partido Revolucionario Institucional seis mil 578 millones 637 mil 495 pesos. El Partido Acción Nacional (PAN) ha recibido seis mil 61 millones 153 mil 555 pesos. El PRD cuatro mil 140 millones 193 mil 402 pesos, y el resto se reparte entre los partidos más pequeños, incluyendo algunos que ya han desaparecido sin haber regresado los activos que compraron con dinero público. Este dinero solamente los partidos, imagine usted el gasto total.
Los que viven de esto: analistas, especialistas en temas electorales y los consejeros electorales fundamentalmente, argumentan que ?son los costos de la democracia?. Nadie puede negar la importancia de la institucionalidad electoral para hacer operativa la democracia, en esta fase. Pero no, no es cierto que ésta deba ser cara, y menos en nuestro caso, en donde vemos que la cantidad de dinero canalizada es inversa a la calidad democrática. El financiamiento que reciben los partidos en México es mucho más grande que en las demás naciones de América Latina, entre estas Brasil y, por cierto, los procesos electorales de aquellos países no desmerecen frente al nuestro, más aún si lo comparamos con el proceso de julio pasado.
La democracia no es cara, sino una manera de entender a ésta en la que los dueños de los partidos, las burocracias partidarias y la clase política en general, por un lado; y los medios de comunicación masiva, por otro, actúan en complicidad de una situación perversa en la que no hay dinero que les alcance.
En el contexto de este añejo clamor generalizado por reducir los dineros públicos destinados a la política en nuestro país, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados dice tener como prioridad en la próxima discusión sobre la reforma del Estado la iniciativa que reduciría las prerrogativas de los partidos políticos hasta en un 50 por ciento, en año de comicios federales intermedios; la ampliación de la excepción del secreto bancario a los institutos políticos, y obligaría a los partidos que pierdan el registro a devolver los inmuebles adquiridos con recursos públicos.
Otras instancias apuntan que además cualquier reforma institucional que pretenda consolidar la democracia pasa necesariamente por un cambio en las reglas de relación de la política electoral y los medios. Es un imperativo regular la publicidad electoral.
Es urgente también reducir el tiempo de las campañas electorales y, principalmente, modificar la fórmula de asignación de los recursos públicos para caminar en el mismo sentido de recortar el escandaloso financiamiento que reciben los partidos.
La iniciativa del PAN no es nueva, en el periodo de sesiones de la anterior legislatura ya se había presentado una similar pero no prospero.
Recientemente hemos sido testigos de una fuerte rebatinga entre la Cámara de Diputados y el Instituto Federal Electoral, porque los diputados echaron sobre los hombros del IFE el recorte al presupuesto público destinado a este rubro en 720 millones de pesos. Los dueños de los partidos dijeron estar de acuerdo en la reducción al gasto, ?pero en los bueyes del Instituto Federal Electoral (IFE)?, sin que se les tocaran los dineros asignados a ellos.
Estos antecedentes inmediatos no hacen abrigar esperanzas de que la partidocracia esté dispuesta a, en un acto de coherencia, reducirse los privilegios monetarios de que goza. Pero quizá nos estamos adelantando porque ni siquiera sabemos si los legisladores efectivamente pondrán el asunto dentro de las prioridades a discutir en esta reforma del Estado.
Pretextos no les faltarían para un eventual nuevo rechazo de una reforma en este sentido. La carencia de ideas y de argumentos la quieren suplir con carretadas de dinero en los medios, particularmente en la televisión, dejándose llevar por la inercia mercadológica que pervierte y deslegitima a la democracia. Lo hemos dicho, el principal obstáculo para que los diversos intentos por la reforma del Estado, por lo menos en este ámbito, son los propios políticos, ya que con frecuencia les tocan sus privilegios. Lo que México necesita son estadistas con estatura republicana. Hay tareas.
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