Aspecto de la sesión del Senado de la República donde se llevó a cabo la discusión de la reforma judicial. (Archivo)
Reclaman Convergencia y Partido Verde haber sido excluidos de la negociación.
La reforma en materia de Seguridad Pública y Justicia Penal se retrasará al menos 15 días más debido a la pretensión de la Cámara de Diputados de participar en la discusión, informó el senador Alejandro González Alcocer (PAN), presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta.
El legislador señala que la propuesta del presidente Felipe Calderón fue modificada en algunos aspectos, como por ejemplo, el que abría la posibilidad de las intervenciones telefónicas y arraigos sin orden de un juez.
En la propuesta presidencial de marzo pasado se planteaba en esos términos para evitar retrasos en las investigaciones de persecución criminal, pero ahora se fijará la regla de que sea un juez de distrito quien incluso hasta por teléfono pueda dar la autorización en cualquier instante, quizá minutos antes de que la policía actúe.
El legislador panista destacó también el hecho de que se eleva a rango constitucional, en el artículo 21, la facultad de investigación de todas las policías; en el caso, para ejemplificar, de la Policía Federal Preventiva, en casos de prevención de delitos, y de la Procuraduría General de la República, de persecución del delito.
Además, el senador destaca la importancia de que un policía que fue despedido por alguna irregularidad o delito ya no podrá de ninguna manera volver a su puesto, si triunfa en los tribunales, como una forma de depurar a las policías; sólo se garantiza indemnización. Un elemento que considera el senador como un paso adelante es que los llamados "partes policiacos" de las policías preventivas puedan ser utilizados en un juicio.
En opinión de González Alcocer, se mantiene la columna vertebral de la propuesta del presidente Calderón, en torno a los juicios orales.
El martes pasado, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Ulises Ramírez, dijo que el proyecto de reforma tiene un avance de 99 por ciento.
Sin embargo, González Alcocer informó que la Cámara de Diputados exigió participar en conferencia con los senadores, sobre todo porque ahí había ya avances en torno a propuestas en la materia, relacionadas con los juicios orales.
Sin embargo, el senador del PAN confió en que si ambas cámaras trabajan juntas el producto saldrá con mayores consensos a la hora de ser aprobadas.
La próxima semana deberá estar listo el borrador de la reforma y quizá en un plazo de 15 días se tenga listo el dictamen. G onzález Alcocer anunció además que tiene en ciernes propuestas de reforma a los artículos 116 y 129 de la Constitución; en el primer caso tiene que ver con dotar de mayor autonomía la designación de los magistrados del Poder Judicial en los estados.
En cuanto al artículo 129 de la Constitución, el senador del PAN busca que la intervención del Ejército en labores de seguridad pública, principalmente, tenga sustento claro en la Constitución, porque hasta ahora no es así.
Advierten trabas a los juicios orales
Especialistas en seguridad coincidieron en que la propuesta de reforma judicial presentada por el presidente Felipe Calderón, no genera la confianza que requiere el sistema penal para que se implemente el sistema de juicios orales en México.
Miguel Sarré, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), consideró que la reforma judicial que tiene en mente la Administración del presidente Felipe Calderón, así como una parte del Senado, está a medias.
En entrevista, el profesor en Derecho indicó que en la reforma judicial aún se utilizan términos como la Averiguación Previa, que permite un modelo semiacusatorio que no resuelve el problema de fondo. Esa reforma ya se discute en el Congreso de la Unión.
“A la forma en que se quiere instrumentar la reforma no le veo ningún beneficio, veo un perjuicio porque se quiere postergar una reforma en serio.
“En esta reforma continúan los subsidios al Ministerio Público, impiden que el Ministerio Público y la Policía se profesionalicen; por subsidios me refiero a figuras como el arraigo, como la posibilidad de realizar cateos, detenciones, intervenciones telefónicas, por parte del Ministerio Público sin autorización judicial previa”, expresó Sarré.
El académico externó que la reforma, como está planteada, se contrapone a los juicios orales, puesto que no promueve un cambio de cultura y de mentalidad para que el cambio en el sistema de justicia sea en serio.
Elena Azaola, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y coordinadora de la Red de Especialistas en Seguridad Pública, coincidió con Sarré en que la reforma calderonista implica ceder más poderes al Ministerio Público, por lo que consideró que se trata de una contradicción para los juicios orales.
