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Aumenta 9 veces el número de agrupaciones políticas

El Universal

Piden expertos mayor rigor y transparencia hacia Agrupaciones Políticas Nacionales.

El financiamiento y la facilidad para obtener el registro han originado que de 1997 a la fecha el número de Agrupaciones Políticas Nacionales (APN) se haya multiplicado nueve veces, de 12 a 106 existentes en la actualidad.

Se prevé que el incremento continúe, pues en la última reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) constituirse en APN es paso obligado en la transición a la creación de partido político.

Para la actual convocatoria del Instituto Federal Electoral (IFE) 17 de estas organizaciones manifestaron de forma oficial su intención de convertirse en partido político.

La repartición de presupuesto

Las APN reciben al año dos por ciento del monto que se les asigna a partidos políticos. En 2007 la cifra se fijó en 53 millones de pesos, que son distribuidos entre los 106 grupos constituidos.

Sin embargo, la proliferación de APN ha reducido notablemente el financiamiento que cada una percibe. En 1997 cada una de las 12 organizaciones recibió 1.7 millones de pesos. La bolsa de 2007, 53 millones de pesos, será repartida entre 106 agrupaciones. Desde 1997 a la fecha, el erario ha entregado un total de 379 millones de pesos a estos grupos.

El crecimiento de las organizaciones cívico-políticas ha traído como consecuencia que las actividades de divulgación que realizan las APN se vean mermadas, explica Fernando Agiss, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE.

“El concepto de APN se ha desvirtuado porque es un paso para convertirse en partido político, pero hay agrupaciones que no tienen la menor intención de convertirse y son más genuinas en su actuar; las otras pueden cumplir con medianía o nada más para palomear las obligaciones”.

Y advierte: “Si sigue creciendo el número de APN que van en tránsito para convertirse en partido, les va a quitar posibilidades de desarrollo a las otras, porque la bolsa de dinero para realizar sus actividades es la misma, entre más agrupaciones menos dinero para cada una y menos actividades pueden llevar a cabo”.

‘Hace falta estudio completo’

Reynaldo Ortega, politólogo e investigador del Colegio de México, advierte que el actual sistema en el que se mueven las APN requiere mayor rigurosidad y transparencia.

“No se ha hecho el suficiente trabajo por parte de las agrupaciones y las autoridades de explicar a la ciudadanía las ventajas de contar con estas organizaciones, así como cuál ha sido su trabajo. Sí hay más organizaciones, pero no se ve que sean más eficaces”, considera.

“Hace falta un estudio con mayor profundidad sobre todas estas organizaciones, la información que tenemos sobre ellas es limitada. Lo que hace falta es un mayor conocimiento sobre cuál es su trabajo, qué están haciendo y establecer que los informes se hagan con una mayor periodicidad”, señala el especialista.

Hasta el momento, el Instituto Federal Electoral desconoce cuántas APN continúan en su domicilio, aunque reconoce que son muchas las que han hecho cambio de ubicación y dirigencia sin la notificación correspondiente.

Sin embargo, bajo la actual normatividad lo más que puede hacer es girar un oficio solicitándole la actualización de datos.

La fiscalización

En la última fiscalización del IFE de 2005, 40 por ciento de las APN fueron acreedoras a alguna sanción de tipo económica, que en suma alcanzaron la cifra de dos millones de pesos.

Además, 18 de ellas han perdido su registro, tres de ellas en el último año: Alianza Social, Rumbo a la Democracia y Confederación Nacional de Organizaciones.

Para constituirse como APN, las organizaciones deben comprobar la afiliación de tres mil miembros y representación en al menos siete estados. Para conservarlo deben realizar actividades de divulgación democrática, así como publicaciones mensuales y periódicas, en ambos casos la comprobación por parte del IFE es superficial, reconoce el propio Gustavo García Arias, presidente de una APN llamada Unidad Nacional Progresista. “Nosotros, como APN, no estamos obligados a notificar sobre las actividades que tenemos, así que nadie va a cerciorase de que se hagan. En cuanto a las publicaciones, muchas de las APN, lo que hacen es ponerse de acuerdo con un impresor, hacen diez ejemplares que entregan al IFE pero dicen que imprimieron diez mil. El impresor, a cambio de dinero, les da la factura y eso es todo”, dice.

“Entre nosotros (las APN) ya sabemos quiénes son las que sí trabajan y las que son agrupaciones fantasma, negocios familiares y yo diría que estás son más de la mitad de las que existimos actualmente”, agrega.

Para promover su efectividad, el IFE ha implantado un sistema en el cual las APN reciben de forma equitativa 60 por ciento de la ministración y deja el 40 por ciento restante para distribuir en las que realizaron las mejores actividades de cultura democrática y divulgación, informa Agiss Bitar.

“Tradicionalmente, la bolsa se repartía de forma igualitaria entre todas las APN, independientemente de la calidad de las actividades. Ahora estamos en un sistema competitivo, donde hacemos que las agrupaciones compitan entre sí para mayores recursos, mayores premios, y esto, en el mediano plazo, impacta en la calidad”, expone.

Eficiencia en control

Otro esfuerzo que el IFE ha hecho para eficientar el control de la información de las APN es la forma de registrar a sus miembros.

A raíz de que el instituto detectó duplicidad de miembros y acarreos, implantó un sistema de Intranet a través del cual las mismas APN son las encargadas de registrar a sus miembros. La base de datos se encuentra correlacionada con el padrón electoral y de forma automática verifica o desecha aquellos registros ya ingresados en otras organizaciones o los inexistentes.

Como ejemplo de Agrupaciones Políticas Nacionales que no actualizan sus datos, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas tiene una oficina abandonada, con cristales rotos, graffitis en la calle Bucareli 65, despacho 13. Esta agrupación sigue recibiendo recursos federales desde 1999.

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