Germán Martínez Cázares, dirigente nacional del PAN, afirmó que su partido está de acuerdo con la reforma en materia de Justicia Penal que actualmente se discute en el Congreso de la Unión, al ofrecer una conferencia. (El Universal)
Germán Martínez CázaConsidera Germán Martínez que la reforma no es violatoria de los derechos humanos.
res, dirigente nacional del PAN, afirmó que su partido está de acuerdo con la reforma en materia de Justicia Penal que actualmente se discute en el Congreso de la Unión, y reiteró una vez más que no es violatoria de los derechos humanos, como lo han manifestado algunos actores políticos, incluyendo a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
“Para el PAN, la reforma satisface los máximos que deben exigirse en materia de respeto a los derechos humanos; para el PAN, no es violatoria de las garantías individuales ni de los derechos humanos, hay procedimientos de seguridad jurídica que garantizan el respeto a las garantías individuales que están consagradas en la Constitución”, afirmó.
En conferencia de prensa, el líder panista advirtió que también para el PAN hay una garantía de seguridad pública que tienen los ciudadanos que se ven víctimas de la delincuencia organizada.
“El PAN también piensa en las víctimas de la delincuencia organizada, el PAN piensa que se está vendiendo droga afuera de las escuelas en muchas partes del país; el PAN piensa en la salud de los mexicanos, y por eso quiere esas reformas.
Martínez Cázares hizo referencia a si hubiera alguna duda o inquietud en las observaciones que ha hecho el Senado, y que le envió a la Cámara de Diputados
“Nuestros diputados están dispuestos a revisar esas dudas que el Senado ha manifestado y, por lo tanto, ha regresado la minuta a la Cámara. El PAN está dispuesto a dialogar esos temas”.
Descartó que se dé un periodo extraordinario en este momento, pero a partir de enero de 2008 evaluarán si hay posibilidades o condiciones de iniciar el periodo antes de que empiece febrero.
Apartada Confuso
Por su parte, Jesús de León Tello, diputado federal, dijo que la reforma penal fue aprobada en Cámara de Diputados y de Senadores, a excepción del tema del allanamiento, que fue reservado porque puede resultar confuso para los ciudadanos.
“El allanamiento es que cuando van en persecución de un presunto delincuente y se introduce a un domicilio particular la Policía no tenga que pedir ninguna autorización judicial para poder ingresar a ese domicilio y aprehenderlo, de que inmediatamente puedan entrar al domicilio particular y aprehender a la persona”, explicó el legislador, quien forma parte de la comisión de Gobernación.
“Hay discusión de que vamos a tener problemas con este tema porque los ciudadanos no van a saber si es el delincuente o es el policía, ese tema es el que está muy debatido, pero es el único que vamos a reservar en enero que empiece el periodo ordinario”, comentó.
De León Tello aseguró que todo lo que contempla la reforma judicial ya está aprobado, incluido un punto en el que se limita la privación de libertad por un proceso a que dure dos años y en este lapso se deberá determinar si el individuo es culpable o no.
La reforma penal prevé también la aplicación de juicios orales para agilizar los procesos judiciales, una modalidad que se aplicará en forma paulatina en un lapso no mayor a ocho años.
También se aplicará la figura de extinción de dominio, con la cual el Estado podría hacerse de los bienes que provengan de la actividad del crimen organizado.
Aunque están consideradas como ilegales, las grabaciones podrían ser consideradas como prueba por un juez, siempre y cuando provengan de una de las partes inculpadas en el proceso.
También, el Ministerio Público de la Federación, autorizado por el procurador en cada uno de los casos, podrá tener acceso a información reservada, bancaria, fiscal, fiduciaria y electoral, de personas vinculadas con la delincuencia organizada.
Protestan universitarios
Consejeros universitarios de la UNAM, la UAM y la UACM se manifestaron en las puertas de la Cámara de Senadores contra la aprobación de la Reforma Judicial e informaron que en febrero próximo marcharán como protesta.
Además, solicitarán el apoyo de organismos internacionales de derechos humanos a fin que el Gobierno Federal respete los acuerdos y tratados en la materia.
En entrevista, la consejera Alejandra Hernández Arreola, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), demandó la intervención de la Cámara Alta para evitar la aplicación de la Reforma Judicial.
A su parecer, dicha legislación elimina la obligación de que policías y militares presenten órdenes de aprehensión o de cateo para ingresar a los domicilios particulares.
En su oportunidad, el consejero Emiliano Álvarez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) campus Xochimilco, sostuvo que dicha reforma “nos dejará más indefensos ante abusos, vejaciones y violaciones de los derechos humanos en general”.
El consejero Jacobo Venegas, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), precisó que no se oponen a la lucha contra el crimen organizado, pero no debe hacerse con leyes que amparan la impunidad y la persecución sin fundamento.
Agregó que la movilización, que tendrá como destino la Cámara de Diputados y en la que participarán estudiantes de las casas de estudios referidas, se efectuará el 19 de febrero.
Piden a perredistas rechazar la reforma
El debate sobre la reforma también abrió un nuevo frente de disputa entre los grupos internos del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Miembros de la expresión denominada Los Cívicos hicieron un llamado “urgente” a todos líderes y militantes del PRD a reconsiderar dicha iniciativa, porque –dijeron- es tan grave como la pretendida privatización de Pemex, sentenció Mario Saucedo, líder de dicha corriente.
Admitieron que el proyecto fue avalado en la Cámara de Diputados por algunos de Izquierda Democrática Nacional (IDN) y permitida, “por omisión”, por algunos legisladores de Izquierda Social -como Valentina Batres que se salió de la sesión del 12 de diciembre-.
“Nosotros sabemos que hay sectores al interior del partido que comparten la idea de este régimen de excepción, sin embargo toda esta idea de generar estados tipo policiaco y hacer expropiaciones y una serie de cuestiones que tienen que ver con una concepción de la lucha en contra de la delincuencia organizada”, dijo Eliana García.
Sin embargo, el partido tiene principios fundacionales y uno de ellos es la lucha por la defensa irrenunciable de derechos fundamentales y de libertades públicas. Con esta reforma se viola todo el capítulo de derechos individuales, es decir, 29 artículos de la Constitución.
En total, 44 diputados perredistas aprobaron ese proyecto porque es parte de las reformas que el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, ha buscado implementar en la Ciudad de México, desde que contrató los servicios del alcalde de hierro, Rudolph W. Giuliani.
Durante su discurso de adhesión a la candidatura de Alejandro Encinas –el martes pasado-, el presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador tampoco se refirió a esta reforma constitucional.
Por ello, Mario Saucedo, Marcela Nolasco (secretaria de Derechos Humanos del CEN del PRD) Eliana García Luna (consejera nacional del prd) y Otón Cuevas (diputado federal) exigieron a su partido que se pronuncie contra dicha iniciativa antes de la primera quincena de enero.
