El Senado de la República aprobó ayer martes por unanimidad reformas a la Constitución y a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para prohibir a los legisladores aprovechar su cargo para cometer el delito de tráfico de influencias. En la imagen Santiago Creel. (El Universal)
Ponen ‘candados’ a legisladores que intenten sacar provecho indebido a su posición.
Por unanimidad, el Senado aprobó la Ley contra el conflicto de intereses en el poder legislativo. Después de más de tres meses de análisis y ajustes, que dejó fuera la eliminación del fuero como lo proponía la iniciativa original del Partido Acción Nacional (PAN), la Cámara estableció nuevas reglas para cerrarle el paso a quienes traten de sacarle provecho indebido a su posición de diputado o senador.
Según los dictámenes aprobados, los legisladores estarán impedidos, durante el desempeño de sus funciones, de intervenir en asuntos que les signifiquen conflicto de interés directo.
Además, no podrán representar intereses patrimoniales de terceros contra los de cualquier ente o persona moral de derecho público, salvo los casos de excepción que señale la Ley. Nada más el senador perredista Ricardo Monreal objetó el alcance de la reforma aprobada.
Le pareció que se quedó corta porque no prohibió las actividades particulares que serían incompatibles con el trabajo de legisladores, como ser propietario o socio de una empresa o negocio.
Sin embargo, Monreal fue el único de su bancada que en la sesión de ayer hizo observaciones a los dictámenes. La Ley que combate el conflicto de intereses en el poder legislativo, implicó la reforma al Artículo 62 de la constitución y diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso del Unión.
El 62 de la Carta Magna fue aprobado con 106 votos. Los cambios a la Ley del Congreso recibieron 100 votos a favor y la abstención de Monreal. La reforma, en calidad de minuta, fue enviada a la Cámara de Diputados para su revisión y debate.
Según el texto aprobado por los senadores de todos los partidos, la declaración de situación patrimonial de los legisladores deberá incluir bienes muebles e inmuebles, partes sociales, bonos, fideicomisos y demás bienes de carácter económico.
Durante las reuniones de las comisiones legislativas, se abstendrán de votar y firmar el dictamen, cuando hubiera elementos que los llevaran a algún tipo de conflicto de intereses.
No se estableció ninguna nueva sanción para los legisladores. En la reforma sólo se estableció que los infractores “serán castigados en los términos que establezcan los ordenamientos federales”.
En el ejercicio de su representación política, lo único que les permitirá la reforma será “realizar trabajos de gestión en asuntos de interés público, social o gremial ante autoridades de otros poderes y órdenes de Gobierno”.
Durante la sesión, en la tribuna, el perredista Pablo Gómez dijo que el caso del ex senador Diego Fernández de Cevallos no ha sido el único que ha caído en conflicto de intereses, pero no citó ningún otro.
Le dio la bienvenida a la reforma, porque reivindica la ética República, pero que también hace falta regular el cabildeo y terminar con el tráfico de influencia de otros servidores públicos. Rubén Camarillo Ortega, del PAN, sostuvo que la reforma no tiene ninguna etiqueta ni dedicatoria. Pedro Joaquín Coldwell, del PRI, también admitió, sin entrar en detalles, que en el pasado hubo casos de conflicto de intereses.
