Reforman artículo 6 constitucional que obliga a órdenes de gobierno a entregar la información existente en sus archivos y a preservarla.
EL UNIVERSAL
MÉXICO, D.F..- El acceso a la información gubernamental tendrá estándares similares en cualquier municipio, estado o en el Gobierno Federal, de acuerdo con el dictamen que aprobaron por unanimidad las Comisiones Unidas de Puntos Constituciones y Función Pública de la Cámara de Diputados. El documento, que llegará al pleno este jueves o el próximo martes, obliga también a los tres órdenes de gobierno a entregar la información existente en sus archivos y a preservarla.
La reforma al artículo 6 constitucional establece que regirá el principio de "máxima publicidad" en la información que posea cualquier "sujeto obligado", es decir, autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal.
Quienes no observen las modificaciones a la Constitución, luego de aprobadas, serán sujetos a sanciones en los términos que disponga la Ley. Las entidades federativas estarán obligadas a crear órganos especializados en materia de transparencia y se les dará el plazo de un año para cumplir con las disposiciones.
En la propuesta se plantea dotar a esos organismos de autonomía operativa, gestión operativa y decisión.
Además de obligar a los estados a que a más tardar en dos años cuenten con los medios tecnológicos necesarios para permitir el acceso adecuado a la información.
El comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Alfonso Lujambio, consideró que con la reforma a la Carta Magna se incrementará el uso del derecho de acceso a la información, pues no será necesario acreditarse como ciudadano originario de la entidad ni tampoco responder para qué se quiere la información y la respuesta se tendrá de manera más expedita.
Para el cambio constitucional se necesitará la aprobación del Congreso de la Unión y el consenso de al menos 16 cámaras locales.
Los partidos políticos y los sindicatos no están incluidos como sujetos obligados en la modificación institucional, sino a través de una ley secundaria. Desde la perspectiva de Lujambio, la decisión es correcta.
Con la reforma se avanzará en transparencia y prevención de la corrupción, afirmaron los presidentes de las comisiones legislativas. "La democracia mexicana tendrá un elemento adicional de calidad", señalaron.
