La SCJN avaló los mecanismos que establece la Ley Cañera para que la Secretaría de Economía, en consulta con otras dependencias y organismos, fije el costo de la caña de azúcar y sus productos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde a las bases que estableció el Congreso de la Unión para fijar el precio de la caña de azúcar y, de manera indirecta, también el precio del kilo de azúcar en el país.
El máximo tribunal del país desechó, por 6 votos contra 5, una petición que le hizo en septiembre de 2005 el entonces procurador general de la República y ahora consejero jurídico del presidente Felipe Calderón, Daniel Cabeza de Vaca, para que declarara inconstitucional el mecanismo que establecieron los legisladores para fijar dichos precios.
El entonces procurador pidió la anulación de esta medida contemplada en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, porque consideró que el Congreso invadió la esfera de competencia del presidente de la República, debido a que, en su opinión, el Ejecutivo es el único facultado para fijar los precios máximos de los productos que son necesarios para la economía nacional y para el consumo popular.
Sin embargo, la mayoría de ministros de la Corte consideró que el mecanismo implementado por el Congreso no establece un precio máximo para la caña de azúcar ni para el azúcar misma, sino únicamente las bases para que dichos precios se establezcan.
Y, por lo mismo, resultan constitucionalmente validas las medidas que implementaron los legisladores para fijar el precio de la caña de azúcar, que debe ser de 57 por ciento sobre el precio de referencia del kilogramo de azúcar estándar.
El máximo tribunal del país resolvió este punto al continuar con la revisión del juicio de acción de inconstitucionalidad que promovió el entonces procurador General de la República, en el que impugnó 13 artículos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
La ley fue reformada en el 2005 por el Congreso de la Unión después de una serie de protestas encabezadas por miles de cañeros que llevaron al gobierno del presidente Vicente Fox, a los representantes de las organizaciones cañeras y a los legisladores a establecer "un acuerdo político".
Pero, pese al acuerdo político, el procurador decidió impugnar algunos puntos de la Ley en los que la administración del entonces presidente Fox no estaba de acuerdo. Y el tema relacionado con la fijación del precio de la caña de azúcar era uno de los temas claves.
