Una amplia reforma judicial que considera por primera vez la implementación nacional de juicios orales y permite el ingreso a domicilios sin orden de un juez en casos especiales, comenzó a avanzar en el congreso en medio de algunas voces de alerta.
Comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron la noche del lunes las modificaciones a 11 artículos de la Constitución, en lo que algunos consideran la mayor reforma judicial en la historia reciente del país, y se esperaba que el martes fuera presentada ante el pleno.
La iniciativa establece la aplicación de juicios orales para substituir a los procesos que actualmente se realizan a puerta cerrada y basados sobre todo en testimonios escritos, lo que para algunos ha dado pie a la corrupción y arbitrariedades contra los inculpados.
El dictamen señala que un inculpado será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, y sólo podrán hacerse a puerta cerrada los casos que pongan en riesgo la seguridad nacional o involucre a menores.
Se prevé que un inculpado sea juzgado antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, y antes de un año si la pena excede ese tiempo.
"Hoy los juicios duran 26 meses en promedio y la intención es que duren no más de ocho meses. Además la oralidad permite sopesar actitudes y no sólo leer kilos de documentos", dijo el martes a la AP el diputado César Camacho Quiroz, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Especialistas, legisladores y funcionarios consideran que el actual sistema judicial es "inquisitivo", en el que una persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario; mientras que con la reforma se plantea que se transite a un sistema "acusatorio" en el que prevalezca la presunción de inocencia, además de que se respete y proteja a la víctima.
La reforma considera también un elemento que a la vista de algunos es peligroso por las posibles arbitrariedades que generaría: la autorización para que la policía ingrese a los domicilios sin orden judicial en casos de amenazas a la vida o integridad física de las personas, y en el caso de flagrancia.
"Nosotros observamos una verdadera alerta roja", dijo a W Radio Ernesto López Portillo, vicepresidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C., una organización civil especializada en seguridad pública.
López Portillo consideró que el permitir el ingreso a los domicilios sin orden judicial "inaugura formalmente lo que podríamos llamar un estado abiertamente policial".
La policía mexicana ha sido considerada por diversos analistas y legisladores como una que no cuenta con la suficiente capacitación y es proclive a la corrupción.
Camacho justificó la medida, aunque reconoció que es un asunto delicado.
"De entrada se antoja una medida riesgosa si tenemos como telón de fondo el tipo de policía que hoy tenemos, sin embargo, subyace en la reforma constitucional una confianza, una credibilidad que nos debemos unos a otros", dijo.
El dictamen también establece la figura de "jueces de control", quienes se encargaran de otorgar cualquier medida judicial de manera ágil y acelerada, y trabajarán las 24 horas del día.
