El universal
MÉXICO, DF.- El endurecimiento de las acciones, así como de las posturas en las negociaciones salariales y contractuales, comenzará a ser la política de los sindicatos derivada del alza de precios, coinciden dirigentes sindicales y especialistas.
También afirman que el primer conflicto laboral para el presidente Felipe Calderón fue la marcha del pasado miércoles, con la que se buscó presionar a su Administración, que de no sensibilizarse y reaccionar favorablemente, tendrá el reto de enfrentar a los sindicatos y sus demandas, además de otros asuntos como el problema minero.
Lo anterior, de acuerdo con los dirigentes de los sindicatos de electricistas, Martín Esparza; de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez; de la CROC, Isaías González, y el vicepresidente del Congreso del Trabajo (CT), Víctor Flores, así como el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alfonso Bouzas.
Este último, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y especialista en materia laboral, considera que de entrada, las revisiones salariales serán bastante atropelladas y ?no descartaría que despegara una serie de estallidos, en los que el Gobierno, con insensibilidad, va a tratar de someter a las direcciones sindicales, pero eso no será tan fácil?.
Lo que sucede, es que esta escalada de precios tiene muy descontenta a la población en general y en el caso de los trabajadores puede crecer el movimiento huelguístico y de presión, que el Gobierno va a querer frenar para no tener problemas, considera el investigador.
Cabe señalar que de acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo, durante la Administración federal pasada, hubo un bajo número de huelgas, ya que de 2001 a julio de 2006 se registraron 41 estallamientos, menos de la mitad que en la Administración antepasada.
El Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), anticipa que como en Administraciones anteriores, no se descarta la violación a los derechos de huelga de los sindicatos, pese a que el titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, ha señalado que se respetarán las garantías laborales como el de autonomía sindical y la huelga.
Los sindicatos enfrentarán al Gobierno de no controlar a los patrones, pues en la realidad, las empresas buscan imponerse ante las demandas de los trabajadores que pretenden mejores condiciones salariales, indica.
La voluntad
del Gobierno
Pese a que la Presidencia de la República señaló el miércoles ?luego de la marcha en que participaron cerca de 300 agrupaciones sindicales, políticas y sociales? que comparte la preocupación de las diversas organizaciones de preservar el poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores y evitar el encarecimiento de los bienes y servicios, los dirigentes mencionados coinciden en que no le creen, pues las acciones se demuestran con hechos y la realidad es que la escalada alcista continúa.
Isaías González, critica, por ejemplo, el que por un lado el titular del Banco de México desestime el alza de precios, lo cual califica como irresponsable y por el otro el Gobierno Federal no contenga la pérdida del poder adquisitivo.
Ante este contexto, la Confederación de Trabajadores de México giró sendos comunicados a las diferentes organizaciones gremiales que la conforman para que pidan en las revisiones incrementos superiores a cuatro por ciento, ?en la inteligencia de que tendrán el apoyo de la CTM para alcanzar sus objetivos y si es necesario ejercer el derecho de huelga?.
El líder de esa organización, Joaquín Gamboa Pascoe, sostuvo que ante el alza a los costos de productos como la tortilla, la leche y el huevo, los trabajadores deben exigir condiciones económicas para responder a la carestía, por lo que deben demandar el sueldo suficiente. De hecho, los sindicatos deben ir por un aumento salarial de emergencia.
Esto también ha sido planteado por agrupaciones de la Unión Nacional de Trabajadores, del Frente Sindical Mexicano y por el propio Congreso del Trabajo.
En el caso de la CROC, hubo un acuerdo en que los sindicatos que la conforman, de los cuales predominan los de la industria restaurantera y hotelera, para que en los próximos emplazamientos demanden un incremento salarial de hasta 6.5 por ciento.
Otros conflictos
A los problemas por la tendencia alcista de precios, se suma el hecho de que en los últimos seis años, más de 60 por ciento de los trabajadores ha perdido su empleo, cuando menos una vez, debido a recortes de personal, al cierre de empresas o la desaparición de éstas, lo cual representa también un conflicto para Felipe Calderón.
Sólo un pequeño grupo ha logrado reincorporarse al trabajo formal, mientras la gran mayoría se encuentra en la subcontratación o la informalidad, revela un estudio del investigador Francisco Farina Támez, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).
En su análisis, argumenta que el panorama no es muy alentador, ya que siete de cada diez mexicanos no cuentan con estabilidad en el empleo o carece de prestaciones.
En México, 70 por ciento de los asalariados carecen de prestaciones mínimas de Ley, como derecho a la atención del IMSS, Infonavit, vacaciones y aguinaldo. Además, se han reducido al mínimo los sindicatos que verdaderamente los representen.
La situación es una constante en los últimos 25 años donde se violan sistemáticamente los derechos laborales y humanos de los trabajadores.
La jornada laboral, por ejemplo, en la gran mayoría de los casos supera las ocho horas diarias y no existe un pago real del tiempo extraordinario y mucho menos de prestaciones como el aguinaldo o vales de despensa.
Predominan la contratación de trabajadores por honorarios o eventuales. ?El Gobierno Federal y sus dependencias son los grandes maestros de estos tipos de contratación; tal es el caso del INEGI donde en el mejor de los casos sus trabajadores de base representan 25 por ciento del total de sus plazas laborales?.
Otro fenómeno es la impartición de justicia laboral, el actuar de las juntas federales y locales, así como el del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que ha sido muy criticado desde sus inicios; sin embargo, a partir de la reforma a la Ley laboral en 1980, se generó una gran inconformidad por parte de los patrones y desde 1988 se buscó modificar la Ley en favor de éstos.
Paralelamente, la corrupción y el contubernio de los empresarios y el Gobierno tocan las esferas más altas de la política nacional; casos donde el propio Gobierno remueve líderes sindicales para beneficiar a un sector empresarial.
El hecho, es que el panorama en materia laboral, comienza a tornarse difícil. Es necesario que el Gobierno de Calderón actúe y cumpla realmente en esa materia, como por ejemplo, debería comenzar a ser el presidente del empleo, sostiene Farina.
