PUEBLO NUEVO, DGO.- Aprobaron por unanimidad la iniciativa de ley que busca modificar el marco jurídico en materia indígena, para beneficiar la justicia de este marginado sector del país, según informó el senador de la República Andrés Galván Rivas, con lo que se verá beneficiada la población autóctona de Pueblo Nuevo, Mezquital y norte de Durango.
Con 103 votos a favor, cero abstenciones y cero votos en contra, la tarde del martes fue aprobada por el Senado la iniciativa de ley presentada por Galván Rivas, misma que había expuesto el pasado 22 de diciembre de 2006.
Dijo que con la modificación se busca cambiar una serie de ordenamientos jurídicos para que los indígenas tengan acceso pleno a la procuración y administración de la justicia federal.
La iniciativa recién aprobada reformará las leyes Federal de Defensoría Pública Federal, la General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Federal de Procedimientos Civiles para el acceso pleno de indígenas a la procuración y administración de la justicia federal.
Manifestó que los indígenas tienen derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, además de que explicó que con la nueva ley se beneficiará a una gran parte de la población equivalente a más de 10 millones de indígenas, entre ellos los tepehuanos, huicholes y tarahumaras, que son las diferentes etnias que habitan en el estado de Durango.
Ellos, por hablar en diversas lenguas, desconocen en su mayoría sus derechos y el cumplimiento de éstos; “de hecho, hasta el año pasado, según datos del propio director del Instituto Nacional de Defensoría Pública, sólo se contaba con tres traductores para indígenas en dicha institución, entre otras cosas, por falta de recursos económicos”, acentuó Andrés Galván.
Mencionó que más del 80 por ciento de los indígenas procesados y sentenciados en ambos fueros no contaron con un traductor y sólo el 77 por ciento tuvo defensor de oficio; además, sólo una tercera parte de los procesados o sentenciados recurrió al amparo.
Por último, mencionó que la aprobación de esta ley representa un importante paso hacia la equidad e igualdad en materia de procuración y administración de justicia, mediante la prestación de asistencia jurídica y traducción en lenguas indígenas, tal y como lo señala la Constitución, ya que ha sido una demanda histórica de este grupo social.
