“Entre los funcionarios públicos de más alto nivel permanece enraizada una fe ciega en la maquiavélica ‘razón de estado’ que se traduce en un menosprecio a las demandas ciudadanas por la transparencia.”
John Ackerman
Un extraño incidente, que ha llevado a que se acuse al IFAI de censurar un trabajo académico, ha servido para traer nuevamente a la atención pública un tema crucial para nuestro país.
El Instituto Federal de Acceso a la Información ha decidido no publicar dos ensayos en un libro de 14 sobre la transparencia. Los textos rechazados han sido escritos por el propio compilador del volumen, John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y por su esposa, Irma Sandoval, del Instituto de Investigaciones Sociales, también de la UNAM. Ackerman ha acusado al IFAI de censura, cosa que la institución niega.
El texto de Ackerman cuestiona la negativa del IFE y del Tribunal Electoral de permitir la revisión pública de las boletas que se usaron en la elección presidencial de 2006. Se trata de un ensayo coherente y bien sustentado que parte del principio —establecido por la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que le dio origen al IFAI— de que toda información gubernamental es pública excepto aquella que está explícitamente reservada o clasificada como confidencial por la propia Ley.
El IFE decidió no permitir la revisión de las boletas porque, dijo, esto pondría en tela de juicio la “definitividad” de los procesos electorales. Argumentó también que el Artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) obliga a destruir toda la documentación electoral. También afirmó que las boletas no son realmente “documentos gubernamentales”.
El Tribunal Electoral rechazó la idea de que las boletas no son documentos gubernamentales, pero sostuvo que, por analogía con otros documentos, éstos deben considerarse como sujetos a reserva o confidencialidad. Los magistrados dicen, por otra parte, que las boletas son “indisponibles”.
John Ackerman sostiene que éstas no son razones válidas para ocultar información gubernamental que, de conformidad con la Ley de Transparencia, debe ser pública. El que se permita la revisión de las boletas no sólo no viola ninguna Ley sino que es obligado por la Ley de Transparencia. Ackerman sostiene con argumentos jurídicos y lingüísticos que las boletas sí son documentos gubernamentales. Señala que la Ley obliga a que haya una disposición expresa para considerar como reservado o confidencial un documento, por lo cual no puede prohibirse su difusión por analogía con otros documentos. Cuestiona el argumento de que las boletas son “indisponibles”, con lo cual, dice, los magistrados están agregando una nueva categoría a la información gubernamental que no puede ser objeto de escrutinio público.
El ensayo de Ackerman es claro, contundente, original, significativo y tiene, a mi juicio, todo el instrumental que debe sustentar un texto académico. Es un ensayo ideal para ser publicado por una institución cuya función debe ser, precisamente, promover la transparencia. Después de leerlo me quedo con la impresión de que Ackerman, efectivamente, ha sido objeto de censura.
Según Ricardo Becerra del IFAI los ensayos de Ackerman y de su esposa fueron rechazados por un comité académico que incluía a Raúl Trejo Delarbre, Fernanda Somuano y Ciro Murayama. Quizá. Pero es sospechoso que sólo los ensayos de ellos han sido rechazados. Los argumentos que se han aducido, entre ellos el de que Ackerman hace excesivas referencias a trabajos de él mismo, parecen fuera de lugar una vez que se lee el texto.
Puede uno estar convencido que Felipe Calderón ganó la elección de 2006, pero eso no significa que se deba ocultar la información sobre el proceso electoral. Esto no hace más que arrojar dudas sobre la legitimidad de la elección.
El principio de definitividad no permite revertir el resultado de una elección ya calificada, pero eso no significa que los gobernados no tengamos derecho a analizar toda la información gubernamental sobre el proceso. Para eso precisamente se creó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es inaceptable que el IFE y el Tribunal Electoral hayan recurrido a triquiñuelas para impedir el cumplimiento de esta Ley.
La Suprema Corte de Justicia tiene el caso de las boletas en las manos. El ministro José Ramón Cossío, sin embargo, ha dicho que la Corte no considerará la posibilidad de transparentar las boletas. Quizá por eso es tan pertinente el trabajo de Ackerman, que busca la verdad histórica independientemente de la jurídica. Es una lástima que el IFAI haya decidido que uno de los casos más importantes sobre la transparencia en nuestro país no pueda ser tratado ni siquiera en un libro académico.
CONTRA LA POBREZA
Según la Cepal, la Comisión Económica para América Latina de la ONU, México logró reducir la pobreza de 37 a 31.7 por ciento de la población entre 2005 y el 2007. Con esto se estaría logrando la Meta del Milenio. Sin embargo, otros países del continente, entre ellos Argentina y Venezuela, han tenido mayores avances. Las remesas, que ahora están declinando, parecen haber tenido un papel importante en este descenso de la pobreza.
Página de Internet: www.sergiosarmiento.com
