Presenta la bancada del PAN una propuesta que establece la obligación del trabajo con fines educativos y de rehabilitación.
EL UNIVERSAL
MÉXICO, D.F.- Ayer domingo la bancada del PAN en la Cámara de Diputados anunció que buscará formar la mayoría necesaria para consolidar reformas constitucionales que hagan obligatorio el trabajo, la capacitación y la educación en los centros penitenciarios del país.
"Los centros penitenciarios no han cumplido con las expectativas trazadas sobre la base de la readaptación social; por el contrario, el sistema carcelario enfrenta una crisis de funcionalidad resocializadora, así como de credibilidad social", subrayó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Pilar Ortega.
Su correligionario Edgar Armando Olvera Higuera dijo que la propuesta de Acción Nacional establece la obligación del trabajo penitenciaro debido a que en la mayoría de los centros éste no se da y cuando se realiza, en detrimento directo del interno, no tiene fines educativos ni de rehabilitación.
La iniciativa de reforma, presentada por la diputación federal panista, señala que es fundamental clarificar a nivel constitucional el alcance del llamado trabajo penitenciario como medio de rehabilitación de individuos que compurgan una pena.
El legislador panista explicó que al no tener los medios adecuados para alcanzar la readaptación social, de acuerdo con el artículo 18 constitucional, "el recluso no puede hacerse acreedor a los beneficios de libertad anticipada por trabajo efectivo en los centros de reclusión".
Indicó que otro hecho que justifica la imposición de esta medida es que actualmente los internos no están sometidos a eficaces procesos de readaptación y ha resultado optativo para ellos el acceso a los principales mecanismos que posibilitan dicha readaptación.
La iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PAN en San Lázaro señala que la situación del trabajo penitenciario ha constituido un problema conceptual desde el momento en que se da la pérdida de la libertad del sentenciado.
Añade que esto se deriva de la falta de precisión constitucional, porque para algunos estados la redacción actual del artículo 18 constitucional no se presta para establecer el trabajo penitenciario como obligatorio, en tanto que para otros esta situación sí es factible.
