El Siglo de Torreón
El Congreso del Estado radicó una iniciativa de reformas al Código Penal, a fin que se considere como delito y se penalice la producción, compraventa y transportación de carne que se procese en rastros no autorizados por las autoridades sanitarias.
De acuerdo con el planteamiento, se pretende castigar con prisión de seis meses a cuatro años y multa hasta de 300 salarios mínimos (poco más de 14 mil pesos), a quien venda, compre, sacrifique o transporte de manera indebida “cadáver de animal, canal o de carne animal para el consumo humano”.
El castigo involucra a los llamados matanceros que sacrifican a destajo cualquier tipo de animal en domicilios particulares.
Además, “a quien preste el servicio público de rastro o procese o industrialice carne de animal, sus productos y subproductos, sin contar con los permisos o autorizaciones de las autoridades competentes, se le impondrá la pena de dos a cinco años de prisión y multa de cien a trescientas veces el salario mínimo diario general vigente”.
La propuesta fue diseñada por el diputado panista Luis Gurza Jaidar y cuenta con el respaldo de los integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, PRD y Unidad Democrática de Coahuila, además de los diputados Virgilio Maltos Long, del Partido del Trabajo y José Refugio Sandoval, del Partido Verde Ecologista de México.
Gurza Jaidar señaló que en México “desafortunadamente gran parte de los animales son sacrificados en rastros clandestinos que no cuentan con las medidas de seguridad e higiene necesarias, ni con la supervisión veterinaria, a fin de verificar si el animal estaba enfermo o si el producto está contaminado”.
También dijo que tanto el transporte como la venta al público de la carne de los animales de abasto para consumo humano que son sacrificados en rastros no autorizados por las autoridades sanitarias, representan “una fuente de zoonosis y diseminadores de enfermedades a otros animales y consecuentemente, afectan a la salud pública, la economía y el abasto nacional”.
