EFE
A cinco años del fallido golpe de Estado que sacó al presidente Hugo Chávez del poder por dos días, sectores oficialistas y autoridades judiciales buscan reavivar los procesos contra los participantes de la intentona, entre ellos el fugaz líder del Gobierno de facto, el empresario Pedro Carmona.
Tan sólo cuando faltaban dos días para el aniversario, el Tribunal Supremo de Justicia acordó el lunes la extradición del empresario Carmona, cuyo caso permaneció en el limbo jurídico por varios años después del asilo que le concedió Colombia un mes después de la rebelión de abril de 2002.
El ex gobernante de facto, quien reside en la actualidad en Bogotá, fue acusado por la fiscalía del delito de rebelión civil.
El fiscal general, Isaías Rodríguez, dijo recientemente que el asilo que le concedió el Gobierno colombiano a Carmona en mayo de 2002 es “ilegal”, debido a que “quien comete un delito común, no político como quieren hacer ver y tenga una privativa de libertad acordada por un Tribunal, no puede otorgársele dicha medida”.
Coincidencialmente, el pasado nueve de abril un Tribunal local extendió por 180 días la prohibición de salida del país a 27 opositores señalados de participar en la elaboración y firma del decreto por el cual Carmona derogó la Constitución, disolvió los poderes públicos y destituyó de sus cargos a sus representantes.
Asimismo, la Asamblea Nacional decidió el martes reabrir el proceso de los sucesos de abril de 2002 e investigar la actuación de los medios privados, que han sido acusados por Chávez de propiciar la intentona y ocultar las protestas que realizaron simpatizantes del Gobierno para exigir en retorno del mandatario.
La presidenta del Congreso, diputada oficialista Cilia Flores, justificó la reapertura de la investigación -que se inició en 2002-, afirmando que hace falta “erradicar la impunidad que existe”.
Isaías Rodríguez precisó que por esos hechos hay 73 imputados, 32 acusados, ocho condenados, 13 solicitudes de privativas de libertad con órdenes de captura, 11 detenidos, 43 prohibiciones de salida de país, 16 personas sometidas a presentación y 13 personas prófugas.
Alfredo Romero, representante legal de un grupo de víctimas que murieron o resultaron heridas en la multitudinaria marcha opositora del 11 de abril de 2002, denunció el miércoles la “ausencia de investigaciones” por parte de las autoridades judiciales.
El abogado indicó que de los 19 asesinatos que ocurrieron en la capital durante los violentos disturbios callejeros, que desencadenaron la intentona, la Fiscalía sólo ha investigado dos homicidios y detenido a tres jefes policiales y un grupo de policías.
