Los conflictos entre ejidos son atendidos por la Procuraduría Agraria aunque no hayan entrado al convenio de trabajo con el Gobierno del Estado.
El Siglo de Durango
De manera conjunta la Procuraduría Agraria y el Gobierno del Estado trabajan para enfrentar los siete conflictos de tierras más representativos que se registran en la entidad duranguense en estos momentos.
Noé Pérez Saláis, delegado de la Procuraduría Agraria en Durango, indicó que el objetivo del Gobierno Federal, plasmado en el convenio de trabajo con el Estado, implica darle fin lo antes posible a estos conflictos agrarios.
Algunos de estos conflictos son: Otinapa-San Carlos, en el municipio de Durango; Coneto de Comonfort contra un pequeño propietario, en Coneto de Comonfort; San Lucas de Jalpa-Bancos de Calítique, en Mezquital.
También San Lucas de Jalpa-Huazamota, en el municipio de Mezquital.; San José de Morcillitos contra un pequeño propietario, en Nuevo Ideal; Francisco Zarco contra un pequeño propietario, en el municipio de Canatlán.
Otros que la Procuraduría atiende son: Topia-Salsipuedes, en el municipio de Topia; Francisco Montes de Oca contra un pequeño propietario, en Canatlán.
También San Francisco de Ocotán contra varias comunidades, en Mezquital; y El Resbalón-Francisco de Ibarra, en el municipio de San Juan del Río.
Y en promedio, la Delegación de la Procuraduría Agraria en el estado de Durango recibe entre 60 y 70 nuevos asuntos mensualmente, lo que equivale a cerca de 700 nuevos conflictos jurídicos cada año.
Noé Pérez Saláis señaló que muchos de los conflictos que hoy se registran en Durango y el país se deben a que los aparatos de medición que se usaban en el pasado no eran los adecuados y ahora ponen en problemas a las comunidades pues hay errores en las mediciones de las tierras.
El funcionario federal dejó claro que son siete los conflictos más relevantes, aunque se atienden todos los existentes, haya o no haya convenio.
“Tenemos un promedio de 60 a 70 juicios que atendemos contando Durango, Santiago Papasquiaro, El Oro, Gómez Palacio, etcétera, pero muchos son de sucesión testamentaria y son pocos los que implican un verdadero conflicto”, añadió.
Referencia nacional
Más de mil ejidos en el país están completamente abandonados, es decir, existe la superficie bajo el esquema ejidal, pero ya no hay ejidatarios ni gente con derechos para trabajar la tierra en estas localidades, por lo cual deben disolverse.
Son datos del Tribunal Superior Agrario del país, organismo que considera necesario que México tenga una nueva legislación agraria que permita reorientar el esquema jurídico y práctico conforme al que funcionan actualmente las propiedades colectivas del sector social, como son los ejidos.
