Hasta la fecha el destino de los 46 millones de dólares es un misterio, pues el sindicato petrolero se ha negado sistemáticamente a informar de ello. (Archivo)
La Procuraduría General de la República (PGR) abogó en 2005 ante una Corte de Estados Unidos para que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) pudiera repatriar a México 46 millones de dólares que tenía en un banco estadounidense.
Ese dinero es parte de los mil 580 millones de pesos presuntamente desviados de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la campaña presidencial del PRI en el año 2000, que al ser descubiertos por la empresa Arriba Limited, con la cual el sindicato tiene un litigio desde 1986, ésta pidió “congelarlos” para poder cobrarse parte de antiguos adeudos.
Hasta la fecha el destino de los 46 millones de dólares es un misterio, pues el sindicato petrolero se ha negado sistemáticamente a informar de ello. Fuentes oficiales de Pemex rechazaron que los 46 millones de dólares o parte de ellos hayan sido utilizados para pagar adeudos del STPRM con la empresa, por lo que no les llegó un solo peso o un solo dólar del dinero en disputa.
Sin embargo, los recursos sí habrían sido usados para pagarle a Pemex, de acuerdo con la declaración que hizo el 15 de mayo de 2007 el ex director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, ante la Secretaría de la Función Pública, en el proceso por un presunto quebranto a la paraestatal por mil 724 millones de pesos, por recursos entregados al Sindicato de manera irregular.
La falta de claridad en cuanto al manejo de estos recursos se revela también porque, de acuerdo con documentos oficiales, el sindicato había comprometido en 2003 pagar a Pemex adeudos derivados del desvío para la campaña presidencial del año 2000 con las cuotas sindicales en un plazo de 30 años.
PEMEXGATE
El primero de septiembre de 2003, día del tercer Informe de Gobierno de Vicente Fox, el Consejo de Administración de Pemex aprobó el documento denominado “Declaración de reconocimiento de adeudo que hace el STPRM a favor de Pemex y pago del mismo”, con el cual los dirigentes petroleros, Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, comprometieron cuotas sindicales durante 30 años para pagar más de mil 580 millones de pesos que motivaron la acusación del Pemexgate.
En la sesión extraordinaria 747 del Consejo de Administración de Pemex, el notario público 117 del Distrito Federal, Francisco Daniel Sánchez Domínguez, registró a petición del entonces secretario del Consejo de Administración de Pemex, José César Nava Vázquez -actual secretario particular del presidente Felipe Calderón-, la autorización que dio el máximo órgano de dirección de la paraestatal a Muñoz Leos para aceptar el acuerdo con la dirigencia del sindicato petrolero.
Pero el 11 de mayo de 2007, este diario documentó que el STPRM se negó a informar sobre los 46 millones de dólares, cifra que originalmente era de 43 millones de dólares pero que creció por los intereses generados.
El dinero lo mantenía el Sindicato en una cuenta bancaria de Estados Unidos y eran objeto de la disputa con Arriba Limited; desde abril de 2006 un juez ordenó la repatriación del dinero a México.
La orden del juez David J. Bernal, firmada por éste el 17 de abril de 2006, autorizó al sindicato a repatriar los dólares a una cuenta del gremio en Banorte.
