El presidente de los Estados Unidos George W. Bush habla durante una mesa redonda de la 'Conferencia de las Américas' que se desarrolla en Arlington, Virginia, hoy lunes 09 de julio. (EFE)
La Casa Blanca no accederá a la solicitud de los máximos responsables del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y del Senado de proporcionar información adicional de documentos y testimonios sobre el caso de los nueve fiscales destituidos en diciembre.
El presidente George W. Bush esgrimió hoy su privilegio ejecutivo para impedir los testimonios ante el Congreso de dos ex funcionarias de la Casa Blanca.
La ex directora de asuntos políticos de la Casa Blanca Sara Taylor y la ex asesora legal Harriet Miers habían sido citadas a comparecer ante un panel legislativo que investiga denuncias de que varios fiscales federales fueron destituidos por razones políticas.
El gobierno reiteró su oferta de permitir que las dos ex funcionarias hablen en el Congreso pero en privado, sin tomar juramento y sin registro de sus declaraciones.
En una carta a los directores de las comisiones legislativas relevantes, el asesor legal de la Casa Blanca Fred Fielding además rechazó los pedidos de los legisladores de que el presidente explique por qué vio necesario esgrimir el argumento del privilegio ejecutivo.
Se trata del más reciente capítulo en un enfrentamiento entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y ocurre cuando los legisladores regresan de sus vacaciones por el feriado del Día de la Independencia, y en medio de un clima de tensión debido a otro tema espinoso: la guerra de Irak.
"El presidente considera necesario usar su privilegio ejecutivo en lo que respecta a los testimonios solicitados de Sara M. Taylor y Harriet E. Miers", dice la carta enviada a las comisiones legislativas.
"Estén seguros que la medida del presidente se ajusta a ocasiones anteriores en circunstancias similares, y que así ha quedado registrado", añade la misiva.
Fielding respondió a un plazo, que se cumplía a las 10:00 de la mañana del lunes, impuesto por los presidentes del comité judicial del Congreso, el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, y el representante demócrata por Michigan, John Conyers. Ambos exigieron a la Casa Blanca que entregara los documentos exigidos.
Tal como se esperaba, Fielding se negó a acatar la orden. El dijo que estaba actuando por órdenes del presidente y se quejó de que los comités judiciales de ambas cámaras habían decidido obligar a la entrega de los documentos de cualquier manera, sin atender a las razones de la Casa Blanca.
"Los comités ya han prejuzgado la cuestión, sin importar si se entregaban" los documentos exigidos, dijo Fielding. "En tales circunstancias, no nos encargaremos de tal proyecto, inclusive para lograr un ulterior acuerdo".
La respuesta de Conyers dejó escasas dudas sobre hacia dónde enfila ahora el asunto.
"Contrariamente a lo que piensa la Casa Blanca, será el Congreso y los tribunales quienes decidirán si una invocación de privilegio ejecutivo es válida, no la Casa Blanca de manera unilateral", dijo Conyers en un comunicado.
Pero la prohibición de Bush de que rindan declaraciones sus ex asesores no les impedirá necesariamente que presten testimonio esta semana, como estaba programado.
Leahy dijo que Taylor, ex directora política de la Casa Blanca, podría prestar testimonio ante el Senado el miércoles. Y el comité judicial de la Cámara Baja se propone interrogar a Miers el jueves. Sin embargo, en este caso, se ignora si Miers se presentará ante la audiencia, según asistentes de legisladores que hablaron con la condición de no ser identificados pues continúan las negociaciones.
