Integrantes del Consejo Consultivo para la Gestión Pública de la propia Secretaría de la Función Pública aseguraron que esta dependencia asume actitudes "policiacas" y que la ciudadanía la identifica más como una especie de procuraduría, débil y poco eficaz.
Señalan, incluso, que hay desinterés y poca confianza en la dependencia, y que ésta se encuentra alejada de la preocupación de los mexicanos sobre el combate a la corrupción.
De acuerdo con la minuta de la primera sesión ordinaria, los 13 miembros del Consejo, todos académicos y expertos que integró la propia SFP, criticaron las acciones poco eficientes de la dependencia para detectar y frenar la corrupción en el gobierno federal.
La Función Pública, por su parte, aceptó, de acuerdo con la versión de la minuta, que los "logros significativos" alcanzados por la dependencia "no se han sabido vender".
Enrique Cabrero Mendoza, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y miembro del Consejo, dijo en la reunión que "la SFP debe corregir sus líneas estratégicas, pues están orientadas a una acción policiaca".
El consejero Ricardo Uvalle Berrones, profesor-investigador de la UNAM, dijo no haber visto en el Programa Sectorial "una clasificación de estrategias preventivas, punitivas y correctivas para el combate a la corrupción, en donde quede claro cuáles le corresponden a la Secretaría, pues se le suele confundir con la función de una especie de procuraduría".
Para Uvalle Berrones "en la parte correctiva no está contemplada la salida legal que la SFP puede emprender para combatir faltas administrativas".
Cabrero Mendoza añadió que "cuando se habla de apego a la legalidad se hace referencia a la normatividad vigente y para ello es necesario una reforma a los ordenamientos legales de la administración pública, pues muchos de ellos son obsoletos".
María del Carmen Pardo, profesora-investigadora de El Colegio de México, advirtió que "en el tema de apego a la legalidad no es clara la frontera entre las acciones de prevención y las de sanción de los actos de corrupción".
Dijo que el control que ejerce la Secretaría de la Función Pública en la administración pública federal está "expandido" en diferentes áreas y acciones, lo cual reduce su efectividad.
Juan Javier Pérez Saavedra, director general de Auditoria al Gasto Público Federal, Auditoria Superior de la Federación, dijo que algunas de las líneas estrategias del Programa Sectorial de la SFP son competencia de otras instancias y puso como ejemplo la línea de acción de apego a la legalidad, que en su opinión debe ser responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública.
El consejero José Bautista Farías, experto del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), de Guadalajara, consideró que se tienen que revisar los mecanismos de rendición de cuentas en su esquema horizontal, en específico ver por qué no funcionan.
Elizabeth Yánez, subsecretaria de Atención Ciudadana y Normatividad de la SFP, señaló que en la dependencia están convencidos de que "la vía de recuperar la confianza de los ciudadanos en el gobierno es contando con funcionarios honestos, que rinden cuentas y que son sancionables, ya sea por ineficiencia o por corrupción.
