Aunque seguramente el número de candidatos a consejeros del Instituto Federal Electoral se multiplicará de hoy al viernes, en que concluye el plazo de inscripción, ya ahora mismo es posible valorar la decisión de la Cámara de Diputados de establecer una doble vía para la postulación respectiva. Están haciéndolo sobre todo personas que se proponen a sí mismas, como un camino inédito de hacerse conocer y proyectar una carrera que ha tenido solamente eco local o en algún segmento social. Pero es de esperar que pronto las organizaciones civiles dedicadas a observación electoral o a otras actividades vinculadas, como el desarrollo del Estado de Derecho y los derechos humanos lo hagan también. Seguramente demora la aparición de candidaturas de este género la pertinente exigencia de la convocatoria de exhibir la documentación que muestre la preexistencia y la presencia de las proponentes, no vaya a ser que de última hora se pretenda cocinar membretes con que se intente disfrazar autopostulaciones.
Junto con la trayectoria de los aspirantes los diputados procederán correctamente si en el caso de las organizaciones se evalúa el papel que hayan desempeñado en el terreno electoral y comarcas aledañas, antes de la reforma de 1996 en que su papel estaba dificultado por la legislación o la ausencia de cultura en esa materia y después, cuando se abrió el espacio para el escrutinio de la sociedad civil a las normas y prácticas electorales.
Organizaciones como Alianza Cívica tienen una palabra que decir en este punto. Fue pionera en la observación electoral en 1994, recogiendo experiencias que algunos de sus miembros habían acumulado en procesos locales. Ha sido capaz de reclutar miles de activistas cuyo trabajo contribuyó a la mejora de la legislación electoral. Otras agrupaciones han trabajo de consuno con Alianza Cívica en terrenos adyacentes a los de la observación electoral, y más dilatados, como Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (conocida por su nombre abreviado, Incide social), Fundar y Presencia Ciudadana, AC. Esta última, por ejemplo, realiza actualmente una colecta de firmas para demandar la reducción del financiamiento a los partidos, en mayor medida que la determinada en la reforma constitucional respectiva, que se concretará en las enmiendas y adiciones al Cofipe cuya discusión en el Congreso, según todas las previsiones comienza hoy.
Estas agrupaciones han considerado presentar candidaturas de ciudadanos muy calificados para formar parte del consejo del IFE. Se ha examinado la posibilidad de postular a Clara Jusidman, José Antonio Crespo y Alfredo Figueroa, pertenecientes a generaciones distintas y cuyo trayecto les ha permitido examinar y participar en procesos electorales de tiempo atrás. Es probable, sin embargo, como lo han manifestado a quienes buscarían presentar su candidatura, que Clara Jusidman y Crespo opten por no participar en el proceso, debido a diversos motivos. Sería lamentable si se concretara esa declinación pues una y otro poseen prendas que los diputados tendrían en alta estima a la hora de las designaciones. Además de una vasta carrera en la administración federal y en el activismo civil, la licenciada Jusidman fue directora del Registro Federal de Electores, mientras que el doctor Crespo, que practicó sobre el terreno la observación electoral se ha convertido merced a su inteligencia y tesón en uno de los principales analistas de los fenómenos electorales de nuestro país.
Alfredo Figueroa, un caso semejante, ha sido consejero local del IFE en Puebla, con lo que a su experiencia añade su oriundez y su vecindad, útiles para romper la tendencia al centralismo, que se consiguió abatir parcialmente en la configuración de los dos consejos anteriores, en una tendencia que debe prevalecer. Figueroa fue elegido miembro del consejo local (que no debe confundirse con el consejo estatal, cuya competencia corresponde a los comicios de cada entidad federativa) en tres procesos electorales, los que culminaron en 2000, 2003 y 2006. Ello quiere decir que sus valores profesionales fueron justipreciados por dos consejos generales del IFE muy diferentes, el presidido por José Woldenberg y el encabezado por Luis Carlos Ugalde.
Además de la postulación que hagan en su favor organizaciones como las mencionadas, es probable que miembros de otros consejos electorales se manifiesten favorables a esta candidatura, no porque estimen que Figueroa represente a ese significado sector de la autoridad electoral, sino porque conocieron su trabajo en cinco reuniones nacionales, las efectuadas en 1999, 2000, 2002, 2003 y 2005.
Sin que carezca de importancia el modo de la postulación, cada candidatura se hará valer por sí misma, pues la convocatoria demandó la presentación de un texto que examine la reforma constitucional reciente, texto que será defendido por los autores a quienes califique con ese propósito la comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados en entrevistas difundidas por el Canal del Congreso. Esas pruebas mostrarán sin duda la aptitud profesional, la calificación que es de exigirse a quienes se incorporen al órgano electoral. Los diputados no querrán, no podrán correr el riesgo de quedar en evidencia eligiendo a quien haya manifestado insuficiencias notorias y rechazando, por el contrario a quien, como Figueroa, enseñe los frutos de su experiencia en órganos electorales, su capacidad de análisis y su participación en organizaciones civiles.
