“Son prerrogativas del ciudadano: (I) votar en elecciones populares; (II) poder ser votado para todos los cargos de elección popular…”
Artículo 35 de la Constitución
Militantes de los partidos políticos en el país hay, si acaso, dos millones. Estamos hablando de una pequeña minoría en una nación con 103 millones de habitantes. Sin embargo, los partidos políticos han cocinado al vapor en el Senado una reforma electoral que eleva a rango constitucional una disposición que le da a los partidos el monopolio para postular candidatos a cargos de elección popular.
Parece increíble que el 98 por ciento de los ciudadanos mexicanos, los que no somos miembros de los partidos, estemos siendo excluidos por los líderes de la posibilidad de tener cargos de elección popular. Lo es más que esta posición sea presentada por los políticos como un mandato popular. Estos dirigentes están demasiado confiados en la ignorancia de la población sobre una reforma que despoja a los ciudadanos del derecho a ser votados a cargos de elección popular como lo establece hasta hoy el Artículo 35 de la Constitución.
Como ya hay un acuerdo entre los tres principales partidos políticos, no hay duda que en las próximas semanas quedarán prohibidas definitivamente en nuestro país las candidaturas ciudadanas, esto es, las que se postulan al margen de los partidos políticos. Ni la Cámara de Diputados ni las legislaturas locales serán obstáculo.
No es que hayamos tenido en México una avalancha de candidaturas independientes que hayan puesto en riesgo el poder fáctico de los partidos sobre la vida política de nuestro país. De hecho, sólo dos estados permiten actualmente las candidaturas ciudadanas: Chihuahua y Yucatán. Y sólo un candidato, Adonay Avilés Sierra, ha tenido éxito en una de estas candidaturas independientes, al ganar la presidencia municipal de Yobaín, Yucatán, este pasado mes de mayo.
Parece que en su intento por dominar de manera monopólica la vida pública de nuestro país, incluso este triunfo solitario de un candidato independiente en uno de los 2,445 municipios de México ha sido una afrenta para los partidos políticos. De ahí la decisión de elevar a rango constitucional la prohibición —que antes sólo estaba en el Cofipe— para que un ciudadano independiente pueda contender por un cargo de elección popular. Ni en Yucatán ni en Chihuahua, ni en ninguna otra entidad del país, se permitirá nunca más esta burla al monopolio de los partidos políticos.
¿A qué le tienen miedo los partidos? La experiencia nos dice que en muy pocos países del mundo tienen éxito las candidaturas independientes. Los partidos cuentan con estructuras y gozan de lealtades que los favorecen frente a cualquier candidato ciudadano. Pero ocasionalmente, cuando la población se exaspera ante los abusos de una clase política, algún personaje carismático o comprometido puede poner en jaque a todo el sistema de partidos. Esto ha ocurrido en varios países del mundo, para bien o para mal. Esa lejana posibilidad ha sido suficiente para impulsar a nuestros partidos a tratar de cerrar definitivamente la puerta a los candidatos ciudadanos.
El temor no parece surgir de algún candidato ocasional que pueda ganar una presidencia municipal en Yucatán o en Chihuahua. Tampoco, me parece, lo puede generar un político como Jorge Castañeda, inteligente, pero percibido como aristócrata y lejano por la mayoría. Sin embargo, un Víctor González Torres, que puede financiar un esfuerzo electoral con sus propios recursos y que tiene una cercanía con el pueblo llano mucho mayor que el más populista de los políticos, es más peligroso para los partidos. Es por ello, tal vez, que los políticos de la vieja escuela han decidido cerrar el paso a cualquier candidatura independiente.
Los partidos son un negocio y un negocio muy rentable. Éste ahora se vuelve más jugoso como consecuencia de la nueva ley electoral. El gasto de campaña se elevará de 27 a 41 millones de pesos al día, sólo que ahora no habrá necesidad de pagar a los medios electrónicos, pues simplemente se les arrebatará el tiempo. Con la ley actual, el gasto ha sido hasta ahora más fácil de fiscalizar. Los anuncios de radio y televisión son por naturaleza públicos y se pueden monitorear. Por eso hoy sabemos que, en 2006, salieron al aire 280 mil spots que no fueron incluidos en la contabilidad de los partidos. Pero ¿quién va a mantener las cuentas de 41 millones de pesos diarios de cachuchas, camisetas, banderines, banderolas y lo que se acumule?
Entiendo, por lo tanto, la importancia de cerrar el paso a las candidaturas independientes. Si los ciudadanos sin partido empiezan a ganar elecciones, el negocio puede debilitarse. Eso se entiende. Lo que no tiene sentido es que los líderes de estos partidos afirmen que la razón por la cual están limitando el derecho de los ciudadanos a ocupar cargos de elección popular es para beneficiar a esos mismos ciudadanos.
PATERNIDAD O MATERNIDAD
Ningún político quiere aceptar la paternidad del nuevo impuesto de 36 centavos a la gasolina. Pero ayer, en la Comisión de Hacienda, los diputados del PAN y del PRI —con dos excepciones— votaron a favor de ese nuevo impuesto. Si el gravamen es bueno o es malo, ya lo sabremos con el tiempo. Lo que no tiene maternidad es que quienes votan por el impuesto escondan la mano.
Página de Internet:
www.sergiosarmiento.com
