“La censura llega a su conclusión lógica cuando a nadie se le permite leer ningún libro excepto aquellos que nadie quiere leer”.
George Bernard Shaw
Un desplegado del Partido Acción Nacional publicado ayer en varios periódicos se quejaba de los supuestos abusos cometidos por el gobernador de Puebla, Mario Marín, en la campaña electoral en ese estado.
El desplegado, pésimamente redactado, señalaba de manera textual que, “como respuesta a los ataques en campaña del PRI-Gobierno a los candidatos del PAN calificándolos de misóginos, buscamos insertar en los medios de comunicación locales un spot que hacía referencia a la agresión que sufrió la periodista Lydia Cacho por parte del gobernador del estado, en el que se buscaba únicamente recordarle a las y los poblanos, que quien realmente agrede a las mujeres en Puebla tiene nombre y apellido, se llama Mario Marín. Desafortunadamente nos hemos topado con la penosa situación de que varios medios de comunicación se negaron a insertar el material y en otros casos lo transmitieron hasta que recibieron llamadas desde la Dirección de Información del Gobierno del Estado a cargo de Ismael Ríos Delgadillo presionando a los radiodifusores para no transmitir nuestro spot”.
Estos panistas no parecen darse cuenta de que spots como los que quisieron difundir quedarán prohibidos en todo el país en el momento en que se publique la nueva reforma electoral. Y ellos y su partido son en buena medida responsables, ya que sin el PAN la reforma no se habría llevado a cabo.
Debido a esta reforma, las personas o instituciones que no sean partidos no podrán ya contratar medios para expresar sus opiniones políticas, mientras que los partidos no podrán ofrecer críticas “que denigren” a sus rivales en los tiempos que tomarán gratuitamente de los medios. Ni al gobernador Mario Marín ni a ningún político se le podrá ya recriminar públicamente ni por el caso de Lydia Cacho ni por ningún otro.
La modificación constitucional no ha entrado en vigor todavía, porque no ha sido publicada por el presidente de la República; pero tiene poco sentido que los panistas se quejen de que las autoridades poblanas están aplicando medidas que ellos mismos aprobaron por unanimidad en el Congreso de la Unión y en todas las legislaturas locales que hasta ahora han considerado el tema.
Quizá ahora los panistas y los ciudadanos mexicanos se empiecen a dar cuenta de los costos reales que tendrá esta reforma electoral cuyas supuestas virtudes nos repiten obsesivamente los diputados y senadores en sus amplios tiempos de radio y televisión. La protesta que hoy los panistas pueden hacer en un desplegado de prensa, les quedará vedada en los medios electrónicos tan pronto la iniciativa sea publicada por el presidente en el Diario Oficial de la Federación. La publicidad “que denigra” quedará prohibida sin que se defina qué es denigrante. La posibilidad de cuestionar las faltas de un gobernante o de su partido político desaparece o se debilita así de manera notable.
Lo peor de todo es que el daño hecho por esta reforma será muy difícil de remediar. Los cambios han sido colocados en la Constitución con el propósito de que no puedan ser considerados violatorios al Artículo Sexto de la misma Carta Magna que garantiza la libertad de expresión.
Los políticos mexicanos festejan la reforma porque vienen de una tradición autoritaria. Para ellos prohibir la difusión de ideas “denigrantes” es natural. No entienden que esto es un retorno a la censura.
Pero de nada sirve una campaña política en la que no se puedan hacer cuestionamientos a los candidatos en los medios de comunicación. ¿Para qué queremos una campaña en la que no se permite criticar el moralismo o la misoginia de algunos o las violaciones a los derechos humanos de los otros? ¿De qué sirve pretender que todos los políticos son unos santos y por lo tanto no pueden ser cuestionados ni con el pétalo de una rosa?
Los panistas de Puebla pueden argumentar que la nueva Ley electoral no ha sido todavía promulgada y que por lo tanto no se puede impedir la difusión de su spot. Pero más vale que se vayan habituando a un tiempo en el que no sólo en Puebla sino en todo el país estará prohibido difundir cualquier mensaje político en el que se recuerde a los electores del caso de Lydia Cacho o de cualquier otro similar.
Hay quienes piensan que esta restricción es un avance en la democratización del país. Yo soy de la opinión, por el contrario, que prohibir las críticas a políticos o partidos en los anuncios políticos es un enorme paso atrás en la apertura política de México.
Los panistas que hoy se quejan de que el Gobierno de Marín los ha censurado deberían tener la inteligencia para saber que han aceptado que esta censura se convierta en la regla en todo el país.
MINISTRO LEGISLADOR
Se ha hecho ya común que la Suprema Corte legisle y que lo haga con un toque populista. Quizá por eso no sorprenda que, mientras el juez José Manuel Villeda Ayala rechazaba la mayor parte de los argumentos de los quejosos en los primeros juicios de amparo contra la Ley del ISSSTE, el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia haya roto con toda pretensión de imparcialidad al decir a los líderes de la UNT que se concederán suspensiones provisionales a quienes hayan presentado denuncias de amparo contra la nueva Ley del ISSSTE y que después la Corte atraerá los casos. Me pregunto si el ministro presidente se da cuenta de que, con esta medida, está tomando el primer paso para quebrar al ISSSTE.
