Elementos policiacos armados a las afueras de Cananea, Sonora, implementaron un operativo de vigilancia al recibir la alerta roja por la presunta llegada de sicarios. (El Universal)
Señalan que la destitución es por la ineficacia para detectar a comando armado en Sonora.
MÉXICO, DF.- La ineficacia de seis altos mandos de la Policía Federal Preventiva (PFP), encargados de la seguridad en la red carretera del México, derivó ayer en su destitución. Su falta de coordinación impidió que detectaran el comando armado, que el miércoles pasado protagonizó un enfrentamiento en el municipio de Cananea, Sonora y que dejó un saldo de 22 muertos.
Javier Garza Palacios, uno de los hombres de confianza de Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, forma parte del grupo de jefes policiacos destituidos, por la “falta de coordinación logística” que existió y no permitió detectar a tiempo el convoy de 15 vehículos en los que viajaban alrededor de 50 sujetos armados, indicaron autoridades de la dependencia.
El anuncio del cese de los mandos de la PFP, se dio sólo unas horas después de que el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, aseguró que el ataque del comando contra policías municipales de Cananea, se pudo impedir, pero existieron errores de Inteligencia, ya que en la red carretera federal ninguna autoridad detectó al comando que recorrió 400 kilómetros, para llegar a su objetivo.
Junto a Garza Palacios que fungía como coordinador general en el área de Seguridad Regional -antes Policía Federal de Caminos-, fueron cesados Héctor Luévanos Becerra, coordinador de Operaciones de Seguridad Regional y Tomás Zerón de Lucio, coordinador de Control Policial.
También se destituyó a Carlos Gerardo Vega Skorlich, coordinador de Planeación Logística; Vidal Díaz Leal Ochoa, director general de Seguimiento Operativo y Héctor Alejandro Moreno Mendoza, supervisor de la Zona Noreste.
De acuerdo con las autoridades de la SSP consultadas, los errores de coordinación evidentes entre estos mandos, encargados de la seguridad y vigilancia de los 48 mil kilómetros de la red carretera del país, obligó a García Luna a ordenar el cese de sus jefes policiacos.
La orden incluyó a Garza Palacios, uno de sus principales colaboradores, con quien García Luna trabajó desde que en 2001 tomó la dirección de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
En esa corporación, el abogado y ex policía judicial federal, Garza Palacios tuvo cargos relevantes como la dirección de Operaciones Especiales, en la que coordinó operativos antidrogas en el aeropuerto capitalino. También estuvo al frente de la detención de los presuntos responsables del linchamiento de tres policías federales en San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac del Distrito Federal; además de encabezar las acciones contra bandas de secuestradores.
Al cambio de Administración siguió bajo las órdenes de García Luna, en la SSP federal, donde además de ser el coordinador general de Seguridad Regional, estaba a cargo de la reestructuración de la extinta Policía Federal de Caminos y como parte del proyecto diseñaba las 500 estaciones de Policía de “Proximidad Social” que se instalarán en todo el país.
En lugar de Garza Palacios, fue designado Eusebio Millán Gómez, quien laboró en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), fue director de Investigación de Secuestros de la Procuraduría General de la República (PGR) y director general de Despliegue Regional en la AFI.
Territorio sonorense, idóneo para el tráfico de drogas: PGR
Sonora es un territorio codiciado por los cárteles de la droga ante su condición fronteriza, aunque también es una zona donde los traficantes de armas y personas han asentado su centro de operación, revela un diagnóstico de la Procuraduría General de la República (PGR).
Al norte de esta entidad, son dos los municipios considerados clave para las operaciones del crimen organizado: San Luis Río Colorado y Agua Prieta.
En medio de estas regiones está el municipio de Cananea, que el miércoles fue escenario de uno de los enfrentamientos más violentos de los últimos años entre narcotraficantes y policías, con un saldo de al menos 23 muertos.
El documento de la PGR sobre la presencia del crimen organizado en Sonora señala que la entidad “es codiciada por grupos criminales, por su condición geográfica fronteriza y su colindancia con Baja California y Chihuahua, en donde operan grupos de narcotraficantes con los que ha conformado una región definida por la intensidad de las actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico”. Aún más, se detalla que la zona norte del estado “es terreno fértil para el tráfico de drogas, armas e indocumentados”.
El municipio de San Luis Río Colorado “es potencialmente uno de los más conflictivos”, ya que por su ubicación, a éste llega parte de los cargamentos de droga que circulan por la entidad con dos posibles destinos: directamente a Estados Unidos vía Arizona o hacia Tijuana, Baja California.
Este mapa delictivo incluye al municipio de Agua Prieta, “el más importante para el traslado de indocumentados” que pretenden llegar a territorio estadounidense.
El documento señala la presencia del crimen organizado en Hermosillo, que “es el principal foco de consumo de drogas en la entidad”; mientras que el municipio de Álamos -limítrofe con Sinaloa y Chihuahua-, es la mayor región productora de enervantes del estado.
Sonora “posee carreteras que conectan con la ruta del Pacífico; redes ferroviarias procedentes del occidente del país, amplios litorales y zonas desérticas idóneas para instalar pistas clandestinas, utilizadas en el tráfico de drogas”.
CANANEA, SONORA
‘No tenemos garantías’
Aquí hay otra emergencia. Ya no hay policías. Se fueron, renunciaron -hasta ahora 30 de 45 uniformados- casi todos. La causa: evitar ser víctimas de sicarios, como lo fueron cinco de sus compañeros asesinados el martes pasado y un mes antes otros dos de ellos. “No tenemos garantías”, dice la mayoría de los oficiales.
Sólo quedan 15 en sus puestos. Y para colmo hasta su director, Gabriel Enrique Huerta, es ahora hasta sospechoso de tener vínculos con la delincuencia organizada. “Ni para dónde hacerse, oiga”, dice con su clásico tono norteño uno de los policías que ayer por la mañana presentó su renuncia.
En la comandancia de la Policía Municipal nadie sabe dar razón de sus jefes. “No sabemos nada”, dice uno de los pocos uniformados que se encuentra en esa desolada oficina que a sus puertas luce un moño negro.
Ese distintivo negro es la señal de luto por el asesinato de los policías José Ramón Bracamontes Estrada, Ramón Soto Grajeda, Rogelio González Orozco, Luis Fernando León Mercado y Fermín Aguilar Leyva.
Todos ellos fueron acribillados a mansalva por el comando de sicarios que incursionó en esta población el pasado martes por la noche.
Ayer se consumaron los sepelios de todos ellos. “Fue una gran desgracia, señor”, comenta uno de los ocho policías que ayer se encontraba cubriendo el primer turno y se mostraba preocupado por el futuro de la corporación.
Para las autoridades municipales no hay mayor problema. Orlando Valencia, vocero del Ayuntamiento, asegura una y otra vez que el director de la corporación, Gabriel Enrique Huerta, sigue en el puesto sin ninguna complicación.
Y frente a los señalamientos del gobernador Eduardo Bours Castelo de los presuntos nexos del jefe policiaco con la delincuencia organizada, responde que seguimos igual: “si tienen las pruebas que las presenten”.
Al final, lo cierto es que aquí los policías desertan, ya no quieren saber de uniformes, pistolas y, mucho menos, de comandos armados.
EJECUTAN A SEIS PERSONAS, CUATRO ERAN POLICÍAS
Tres hombres ejecutados fueron localizados por los cuerpos de seguridad alrededor de las 7:00 de la mañana en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Con éstos suman 64 los crímenes atribuidos a la delincuencia organizada en el presente año en Nuevo León.
Los cadáveres de las tres personas con disparos de arma de fuego -dos de ellos eran policías, con lo cual suman 21 agentes asesinados que se atribuyen a la delincuencia organizada- fueron localizados en los límites del municipio de San Pedro Garza García.
A un lado de los cuerpos se localizaron casquillos percutidos de bala. Vecinos del lugar habían reportado disparos de arma de fuego.
Además, en el sureño estado de Tabasco fue asesinado de varios disparos a las 11:00 horas locales el subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría (Fiscalía) General de Justicia de Tabasco, Raúl López López, cuando salía de su domicilio.
El procurador del estado, Gustavo Rosario Torres, confirmó a la prensa los hechos y dijo que se está investigando el atentado con la ayuda de testigos.
En Sonora, en la frontera con Estados Unidos, la víctima fue el jefe de Grupo de la Policía Estatal Investigadora, Pedro Emigdio Córdoba Herrera, al que la noche del jueves unos desconocidos le dispararon dos tiros en la cabeza y uno en el tórax, cuando se dirigía a su casa en un vehículo particular, éste era el segundo intento de homicidio contra él.
Córdoba Herrera fue trasladado con vida a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde falleció.
En Uruapan, Michocán, un hombre de 30 años de edad fue ejecutado de por lo menos 15 balazos de grueso calibre y otras dos personas más resultaron lesionadas, entre ellas una mujer, que era pareja del ahora occiso.
De acuerdo a datos proporcionados por la Subprocuraduría Regional de Justicia, los hechos tuvieron lugar el jueves por la noche, a eso de las 21:30 horas, cuando Ubaldo Navarro Díaz, de 30 años de edad, se encontraba en el interior de una tienda, en el poblado de Zirimícuaro de este municipio, hasta donde llegaron varios individuos quienes lo balearon con rifles AK-47 y R-15.
HUYEN AL MENOS 30 SICARIOS DEL EJÉRCITO EN MICHOACÁN
Al menos 30 personas armadas lograron evadir a elementos del Ejército Mexicano en el poblado de “El Limón”, en el municipio de Aguililla, Michoacán, en donde militares del 51 Batallón de Infantería llevaban a cabo un operativo contra el narcotráfico el jueves.
Los sujetos circulaban armados a bordo de seis vehículos de distintos modelos, pero al percatarse de la presencia de los militares huyeron a pie hacia el monte, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado.
Indicó que los militares llevaban a cabo labores en el marco de los operativos contra el narcotráfico y la portación de armas prohibidas, cuando detectaron al grupo de sicarios, quienes en su huida dejaron abandonadas seis camionetas de reciente modelo.
En las camionetas -dos tipo Silverado, dos Expedition, una Ford Lobo y una Toyota-, los elementos del Ejército Mexicano encontraron armamento de grueso calibre, como nueve fusiles AR-15, cuatro fusiles AK-47, un fusil 308, una escopeta calibre 12, una pistola calibre nueve milímetros y un lanzagranadas.
El armamento y los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para iniciar las investigaciones correspondientes; en tanto que se implementó un operativo de búsqueda y aseguramiento de la treintena de presuntos sicarios, puntualizó.
