“Una nación que tiene miedo de que su pueblo juzgue la verdad o la falsedad en un mercado abierto es una nación que tiene miedo de su pueblo”.
John F. Kennedy
El primer minuto de este día salió del aire Radio Caracas Televisión, RCTV, la televisora más antigua y la más popular de Venezuela. El presidente Hugo Chávez canceló su concesión como un castigo definitivo para un medio que se atrevió a desafiarlo. Chávez se ha quedado no sólo con el espectro radioeléctrico sino incluso con las antenas, transmisores y equipos a pesar que son propiedad privada. El mensaje para los demás medios de comunicación del país es contundente: en Venezuela la crítica simplemente no será tolerada.
El mensaje se ha oído también fuerte y claro en México. Una de las partes más significativas de la nueva Ley de Radio y Televisión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está revisando tiene que ver precisamente con la renovación de las concesiones.
En México estas renovaciones han sido siempre una facultad discrecional del presidente de la República y del secretario de Comunicaciones. La nueva Ley aprobada por el Congreso y publicada por el Ejecutivo en 2006, por el contrario, estableció que la renovación debe ser automática a menos que el concesionario haya violado la Ley o los compromisos de su concesión.
En su proyecto de sentencia el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano ha argumentado que los artículos que eliminan la discrecionalidad gubernamental y dan certidumbre a los concesionarios debilitan la “rectoría económica del Estado” y por lo tanto son inconstitucionales.
Y efectivamente, si el Estado rector que busca el ministro y los políticos que se han opuesto a la nueva Ley es uno similar al que hoy encabeza Chávez en Venezuela, cualquier regla que limite la discrecionalidad presidencial será una amenaza al poder del Estado.
Para ser más precisos, en esta interpretación cualquier garantía de un ciudadano que limite los poderes de la autoridad se convierte en un limitante a los poderes del Estado.
Chávez no ha dejado ninguna duda de que la acción en contra de RCTV es una forma de censura. El Estado venezolano no necesita más medios de comunicación de los que ya tiene para cumplir con sus propósitos de propaganda y adoctrinamiento. Controla ya de manera directa el 20 por ciento de los medios electrónicos del país. Los medios privados, como en México, están obligados a transmitir constantemente mensajes de la autoridad. Con creciente frecuencia, todas las emisoras del país son forzadas a encadenar sus señales para transmitir los prolongados y cada vez más esquizofrénicos mensajes del presidente.
Por otra parte, en caso que quisiera aumentar su capacidad de alcanzar a los venezolanos, Chávez no tendría ninguna dificultad en seguir entregándose a sí mismo y a sus aliados las concesiones de radio y televisión que aún están disponibles a través de los enormes poderes discrecionales con los que ya cuenta.
No, el problema no es que Chávez no tenga los instrumentos que requiere para mandar sus mensajes a los venezolanos y obtener su respaldo político con el fin de consolidar su proyecto autoritario y seguirse reeligiendo como presidente hasta el fin de sus días.
Lo que le molesta a este ex militar que saltó a la fama como golpista es que un medio de comunicación importante pueda cuestionarlo públicamente. Con la censura a RCTV Chávez consigue no sólo silenciar a una poderosa voz independiente, sino mandar un amenazante mensaje a todos los demás dueños de medios de comunicación y periodistas del país.
Me doy cuenta que las leyes no son nunca un obstáculo para los dictadores que buscan afianzar su poder. La legislación venezolana establece, como la nueva Ley de Radio y Televisión de México y como la legislación de la mayoría de los países democráticos del mundo, que la renovación de las concesiones es automática a menos que el concesionario viole la Ley o sus compromisos de concesión.
Poco le importó esto a Chávez, que nunca inició un procedimiento para legalmente retirar la concesión de RCTV. Pero cuando menos ha quedado claro una vez más su desprecio a la Ley.
Lo inquietante para México es que los políticos de la vieja escuela quieren quitar de la nueva Ley de Radio y Televisión esa garantía que permite la renovación de la concesión a menos que el concesionario haya violado la Ley. El ministro Aguirre Anguiano coincide con ellos bajo la insólita premisa de que sólo la discrecionalidad permite la rectoría económica del Estado.
Estos grupos parecen querer pavimentar el camino para la llegada a México de un dictador. El Chávez mexicano no tendría siquiera que molestarse en violar la Ley. El rechazo a la cláusula de renovación automática establecería nuevamente en México el principio de que los gobernantes deben tener poderes discrecionales y que los derechos de los gobernados son un obstáculo para preservar la rectoría económica del Estado.
ABORTO Y DERECHOS
Si alguna vez cupo duda de que el tema del aborto es ideológico, puede uno desengañarse con un vistazo a los recursos presentados por la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la Ley que despenaliza el aborto en el Distrito Federal. Apenas en noviembre del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que la prohibición del aborto en Nicaragua violaba los derechos de las mujeres. Pero la CNDH nos dice ahora que en México lo que es una violación a los derechos humanos es la despenalización del aborto.
