Foto: Archivo
Saltillo, Coah.- El procedimiento penal en contra de cinco empleados de Industrial Minera México acusados por la muerte de 65 trabajadores de la mina Pasta de Conchos fue cerrado por el juez Sergio Tamez Moreno, luego que la defensa de los inculpados depositó 11 millones 870 mil 820 pesos por concepto de reparación del daño.
El juez consideró que la cantidad, la cual equivale a 182 mil 628 pesos por cada uno de los 65 mineros muertos, es legalmente adecuada, por lo que no existen argumentos jurídicos para mantener abierto el proceso, informó el fiscal de la Procuraduría General de Justicia en el Estado para el caso, Jorge Ríos Coss.
Las viudas o el familiar directo de la víctima que deberá recibir el monto de la reparación del daño tienen 30 días hábiles para hacer el trámite del reclamo del dinero, de lo contrario, se queda en el fondo de administración de la justicia.
Dicha reparación del daño no influye sobre las labores de rescate de los cuerpos de 63 de los 65 mineros que fallecieron en la mina el 19 de febrero de 2006.
Los indiciados fueron Rubén Escudero Chávez, gerente general de la mina y los encargados del área de seguridad y supervisión de la carbonera, Sergio Rico Pérez, Fermín Carlos González Bermea, Antonio Campos González y Emilio Rodríguez Díaz.
“Ellos depositaron en el Juzgado de Sabinas 182 mil 628 pesos por reparación del daño por cada uno de los 65 trabajadores que perdieron la vida en Pasta de Conchos y el juez decidió dar por terminado el asunto al considerar que esa cantidad es legítimamente adecuada”, dijo Ríos Coss.
Comentó que para la Procuraduría el caso también está cerrado pues “es un derecho que tienen los inculpados para ofrecer la reparación del daño”, aunque aclaró que “lo único pendiente que queda, desde el punto de vista jurídico, es que la PGR resuelva sobre el expediente del caso que nosotros le turnamos”.
En este sentido, dijo que la dependencia federal debe valorar la posibilidad de solicitar o no el ejercicio de la acción penal en contra de Pedro Isaac Camarillo Adame, ex delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Coahuila y de Luis Raúl Sarmiento Villegas, Jesús Reynaldo Menchaca Medina, Teresa Melchor Paz, Rogelio Fernando Aguirre y Mario Alberto Fraga Zamarrón, funcionarios delegacionales de la misma dependencia que podrían tener responsabilidad penal en el caso.
