El Presidente Felipe Calderón escucha atento el informe de labores de Guillermo Ortiz Mayagoitia, Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (El Universal)
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, clausuró el segundo periodo de sesiones del alto tribunal y declaró un receso hasta el 2 de enero.
Con su informe de labores, Ortiz Mayagoitia dio por concluido el periodo y designó a los ministros Genaro Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo como integrantes de la comisión de receso, que se encargará de recibir los asuntos que se presenten durante este tiempo.
Esta comisión en la que participa Góngora Pimentel, quien se postuló para convertirse en consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), se encargará de turnar los asuntos para su revisión a cada uno de los ministros, así como decidir si los recursos son procedentes.
Entre los asuntos que dejó pendientes por resolver la SCJN y que serán discutidos durante el siguiente periodo se encuentran las facultades de investigación por posibles violaciones a las garantías individuales en Oaxaca y San Salvador Atenco, estado de México.
En materia de acciones de inconstitucionalidad, la Corte revisará el caso de las impugnaciones a las reformas que despenalizan el aborto en la ciudad de México, contenidas en el Código Penal del Distrito Federal y en la Ley de Salud del Distrito Federal.
A su vez, se pronunciará sobre el acceso a las constancias, registros y grabaciones de los procesos penales que se ventilen en los tribunales de Nuevo León, de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales de la entidad.
A su regreso, los ministros entrarán al debate de una controversia constitucional relativa a la Ley Federal de Seguridad Privada para determinar cuál es el órgano legislativo competente para legislar en materia de seguridad privada.
Otros de los asuntos importantes que quedaron pendientes por resolver son los amparos en revisión en contra de las reformas a la Ley del ISSSTE, que llegarán a la Corte a inicios del siguiente año, así como los amparos en materia de servicios ferroviarios.