El once julio se cumplió un año del atentado que un grupo de militares cometió contra mujeres en la población de Castaños, sin que el pequeño número de agresores haya sido todavía sentenciado. Y el jueves 19 se cumplieron 17 meses del siniestro que asesinó a 65 personas en una mina de Pasta de Conchos, sin que ningún responsable haya sido castigado. En Coahuila, en esos casos, no se ha hecho justicia.
Decenas de prostitutas y bailarinas actuaban, hace poco más de un año en las tabernas llamadas Las Playas y El Pérsico. Entre los parroquianos de aquella noche del once de julio sobresalía un grupo de militares uniformados, de los que debían resguardar paquetes electorales en el consejo distrital del IFE cercano, pues nueve días atrás se habían efectuado los comicios. Los soldados la pasaban bien hasta que se enfrentaron a otros clientes. Los uniformados fueron a su cuartelillo por refuerzos y al volver, una veintena de ellos agredió al escaso público y la tropa violó y vejó a las mujeres que ahí servían los diversos menesteres que la miseria les impone. Trece de ellas se armaron de valor y denunciaron penalmente las agresiones.
Fue tan escandaloso el episodio que el Ejército no tuvo más que aceptar que la justicia ordinaria, no la militar, se ocupara del caso. Fueron libradas doce órdenes de aprehensión. Cuatro soldados requeridos huyeron y se encuentran prófugos. Uno obtuvo su libertad bajo fianza y siete esperan ser sentenciados. No esperan pacientemente, resignadamente. Sus defensores hostigan a las acusadoras para que retiren los cargos y sus clientes puedan, si no quedar exonerados, al menos recibir sentencias leves.
En el caso de Pasta de Conchos la falta de justicia ha sido más evidente, pues se ha llegado a hechos consumados e irreversibles. Después de una larga averiguación previa, que se extendió por un año, la Procuraduría de Justicia de Coahuila solicitó órdenes de aprehensión contra cinco ejecutivos y empleados de Industrial Minera México (IMMSA), la empresa explotadora del yacimiento de carbón en San Juan Sabinas. Sin embargo, no pisaron la cárcel pues el delito que se les imputó, homicidio no culposo, les permitió vivir su proceso en la calle. El juicio fue brevísimo, ya que la empresa puso a disposición de los deudos una indemnización que en total sumó once millones de pesos. Ése fue el precio de la libertad de los acusados. Según la legislación local, basta la reparación del daño (y a eso equivalía la colocación del monto a disposición de los deudos) para que cese el reproche penal. Y un diligente juez se apresuró a poner en plena libertad a los ejecutivos de IMMSA
La Procuraduría local envió a la PGR un expediente sobre los miembros de la delegación en Coahuila de la Secretaría del Trabajo. A seis de ellos se les habían encontrado responsabilidades, pero formalizar la acusación corresponde al Ministerio Público federal. La Procuraduría General de la República no ha consignado los casos a la justicia.
Por otro lado, están interrumpidos los trabajos de rescate de 63 cuerpos (sólo dos fueron hallados meses después del siniestro) a raíz de un dictamen unilateral que encargó la empresa a un perito que dijo a sus contratantes que no es dable insistir en el rescate por los peligros que el gas y el agua acumulados significan para quienes realicen esa labor.
Los deudos han buscado que las autoridades laborales ordenen nuevos peritajes para comprobar o refutar el dictamen privado. La Secretaría del Trabajo organizó un panel de expertos que estuvieron en San Juan de Sabinas del 11 al 13 de julio y su observación preliminar coincide con el dicho de la empresa. No emitieron, sin embargo, una conclusión definitiva. Esperarán a conocer los resultados de la observación hecha por equipos de video introducidos a los socavones y realizarán en fecha no precisada una segunda visita a la mina, antes de decir su última palabra.
Ya la dijo, en cambio, la Secretaría de Economía respecto de la petición de cancelar la concesión para explotar Pasta de Conchos. La dependencia ha contestado negativamente a esa exigencia, alegando simplemente que lo ocurrido no constituye una causal para la cancelación, según la Ley minera. De haber interpretado adecuadamente las normas aplicables, habría hallado que diversas muestras de negligencia y abuso autorizan a tomar una medida como la demandada.
Cristina Auerbach, integrante del Equipo Nacional de Pastoral Social que ha acompañado a los deudos de las víctimas desde el 19 de febrero del año pasado, fue asaltada en la Ciudad de México no por atracadores comunes sino por rufianes que visiblemente conocían su trabajo y quisieron, es de suponerse, castigarla por realizarlo e intimidarla para que no continúe haciéndolo. A su vez el obispo de Saltillo don Raúl Vera, activo en ambos casos, ha sido amagado por su participación en ellos. Es hostigado telefónicamente con llamados hechos en la madrugada con cualquier pretexto banal aunque con tintes ominosos, pues los registros indican que los molestos telefonemas se originan en Guerrero, de donde proviene la mayor parte de los militares procesados por la agresión a las mujeres de Castaños. Una noche, hace semanas, un vehículo asedió en la carretera al que llevaba como principal pasajero a don Raúl. Parecía querer forzar un choque. Y cuando el prelado buscó la protección policiaca contra el hostigamiento, los tripulantes del vehículo agresor se ostentaron como miembros de la PGR.
