Veintitrés personas, el cuerpo de una de las cuales no ha podido ser rescatado, murieron en el Golfo de México después de que la plataforma Usumacinta, en que trabajaban, chocó con el pozo de extracción petrolera Kab 121. Un mes después del infortunio –ocurrido el 23 de octubre— no ha podido establecerse la responsabilidad de lo ocurrido, que además de la muerte de esos trabajadores produjo la fuga, que dura hasta la fecha, de 422 barriles de crudo y 700 mil pies cúbicos de gas cada día.
Diversos testimonios e indicios, así como antecedentes probados, muestran que con tal de agrandar sus ganancias, las empresas contratistas de Pemex para este tipo de operación minimizan sus costos no sólo desentendiéndose de medidas de seguridad y capacitación sino cubriendo salarios muy por debajo de los que la empresa gubernamental paga a su propio personal. La desigualdad que priva en la operación de las plataformas no rige sólo durante las horas de trabajo sino que se extiende más allá de la muerte.
Perforadora central, que recibe 32 mil dólares al día por el alquiler de su plataforma Usumacinta, está cubriendo según denuncias de familiares de personas fallecidas en la tragedia de octubre, sólo quince mil pesos (si bien pagó igualmente el costo de cada ataúd) a los deudos de cada víctima. Se presume que su vida estaba cubierta por un seguro de trescientos mil pesos, pero sólo se ha pagado aquella ínfima cantidad. Aun la segunda cifra es parca si se la compara con la indemnización recibida por los trabajadores de Pemex que fallecieron en el siniestro, que llega hasta a dos millones de pesos. Eran pocos quienes estaban en esa situación, cinco o seis, entre el total de muertos. El resto era personal de la perforadora privada.
Todavía no se sabe con certidumbre si fue cierto que la evacuación de la plataforma debió ser ordenada 24 horas antes de que se produjera el choque, pues el pronóstico del tiempo, y ya la velocidad del viento y la altura del oleaje anunciaban el riesgo que se concretó. Se sabe, aunque de igual modo es precisa su confirmación oficial, que las lanchas de salvamento (conocidas como mandarinas, por su forma y color) padecían defectos que hicieron inútiles a varias de ellas (si bien debe reconocerse que el número de sobrevivientes es de tres veces el de quienes perdieron la vida). En general, la rentabilidad de las operaciones de quienes contratan con Pemex se basa en el uso abusivo de los equipos, hasta hacerlos obsoletos, y en regatear ingresos a los trabajadores, vivos o muertos.
La codicia que muy probablemente, más que el mal tiempo, mató a 23 personas en la Sonda de Campeche privó de la vida a 65 mineros en Coahuila y a sus deudos de la compensación mínima de recibir sus cuerpos y darles sepultura conforme a sus creencias. Industrial Minera México ha anunciado, al margen de la autoridad, su decisión definitiva de no intentar más el rescate de los 63 cuerpos enterrados bajo toneladas de escombros en Pasta de Conchos, san Juan Sabinas. Ha basado su decisión, que se inscribe en el contexto más general de renunciar a reiniciar las operaciones de la mina, en un dictamen técnico ordenado por la Secretaría del Trabajo que llegaba a una conclusión a todas luces provisional, ya que estableció que “en las actuales condiciones” (de anegamiento y condensación de gas dentro de la mina número ocho) no era aconsejable pretender el rescate. La conclusión lógica de esa afirmación consiste en que, modificando tales condiciones aquella tarea se hace posible. Pero a eso ha renunciado la empresa, filial del poderoso Grupo México que libra una batalla –dicho sea casi en términos reales, no metafóricos— contra el sindicato minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia.
El factor humano, las consecuencias sociales de la embestida del grupo que el presidente Germán Larrea Mota Velasco, tienen sin cuidado a la estrategia empresarial, que busca quitarse de encima, por lo visto a cualquier costo, a esa agrupación sindical a la que asedia en varios frentes. Hace tres meses, por ejemplo, que la mina de cobre de Cananea, y sus instalaciones adyacentes, se hallan paralizadas por una huelga, causa y efecto de la pretensión del grupo propietario de establecer relación con un sindicato espurio, que obtuvo registro en septiembre pasado, pues una táctica empresarial ha consistido en crear presuntas nuevas opciones gremiales para embaucar a través de ellas al personal. La vida misma de la histórica ciudad de Cananea ha padecido la suspensión de labores, debido al papel central que en la economía local tienen los consumos de quienes por ahora no pueden realizarlos. Grupo México ha planteado el fin de sus operaciones en esa localidad, lo que la convertiría en un pueblo fantasma.
La codicia que mata, a mineros en Pasta de Conchos, y a petroleros en el Golfo de México, tienen características comunes. En la explotación minera, buena parte de las víctimas no trabajaba directamente para Industrial Minera México sino para una empresa a la que se contrataba para abatir costos pues salarios y prestaciones de su personal están por debajo de las pactadas con el sindicato minero. De modo semejante, Pemex soslaya el sabido incumplimiento de normas laborales que sus contratistas están obligados a observar y que se resumen en condiciones de gran precariedad laboral. En ambos casos los codiciosos cuentan con la abierta complicidad de las autoridades del Trabajo, cuya negligencia y corrupción empeoran las situaciones.
