Atlético de Cihuatlán acaba de ascender de la tercera a la segunda división del futbol profesional mexicano. Para lograrlo, en la semifinal desplazó de la contienda a los Picudos de Manzanillo, por cuatro goles a cero. Los colimenses esperan que esos resultados deportivos no sean una metáfora ni mucho menos un anticipo de su suerte en la disputa territorial con Jalisco.
Durante mucho tiempo ambas entidades aceptaron que sus límites en las inmediaciones del Océano Pacífico estuvieran marcados por, entre otras corrientes, el río Marabasco, cuyo azolvamiento sin embargo, ha producido alteraciones en su curso, que provocaron problemas entre los municipios de Manzanillo y de Cihuatlán. Mientras las indefiniciones ocurrieron en zonas dedicadas a la agricultura y la ganadería no parecían preocupar a nadie. Pero el turismo de altos vuelos llegó hace una década y complicó las relaciones en una prodigiosa región, semejante a las que aparecen en la literatura de Agustín Yánez y Juan Rulfo: Comala, en efecto, la tierra a la que Juan Preciado va en busca de su padre, es uno de los municipios colimenses involucrados en la situación.
Entre otros “desarrollos” como se llama en la mercadotecnia hotelera a proyectos de construcción, se han construido en esa pequeña comarca el hotel Grand Bay, propiedad de la familia Leaño, dueña de la Universidad Autónoma de Guadalajara y su equipo de futbol, es decir patrocinadora de los tecos no sólo en la enseñanza y el deporte sino también en la política que se practica de modo clandestino. Y también ha tenido éxito el fraccionamiento Música al mar Estates. Ubicar el domicilio de edificaciones como esas y otras tiene importancia creciente por razones fiscales: los permisos para construir y el impuesto predial van a dar a las cajas municipales. Cihuatlán, Jalisco, quiere que sean las suyas, como ocurre; Manzanillo, Colima, reclama que enriquezcan a las propias. Los nuevos “desarrollos” pueden significar, sólo ellos, el pago de veinte millones de pesos al año, suma nada despreciable para los ayuntamientos, así sea uno de tanta importancia como el del activo puerto colimense. En febrero de 2004 el Gobierno de Manzanillo clausuró obras de Música al mar Estates por falta de autorización que los fraccionadores habían obtenido en Cihuatlán. El problema atañe no sólo a los ingresos sino al gasto también. Colimilla, un poblado dentro de la franja que la propaganda turística llama la Costa Alegre, padece largos periodos de sed, porque el pozo que lo surtía se ha secado y las obras de introducción del líquido favorecen a los nuevos habitantes de la región.
De tanto en tanto, se tensa la situación entre las comunidades, los municipios y los estados, siempre en riesgo de un estallido. Para presuntamente evitarlo los gobiernos respectivos han emplazado sus Fuerzas policíacas en la incierta frontera, con lo que no se distiende la situación sino sólo se transforma en peligro de enfrentamiento entre uniformados. El Ejército envió tropas para, al modo de los cascos azules de la ONU en países en guerra civil, formar un muro entre eventuales contendientes. Pero hace dos semanas, sin aviso a las partes, los soldados se fueron, acaso requeridos para enfrentar desgracias como la de Tabasco y Chiapas o las que causa la delincuencia organizada.
No han faltado intentos institucionales para aclarar la cuestión y fijar los linderos. Se han iniciado controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha acudido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han emitido dictámenes agrarios, el Senado de la República ha formado comisiones impulsadas por representantes de las dos entidades. Recientemente los gobernadores Silverio Cavazos de Colima y Emilio González Márquez de Jalisco parecían haber sentado las bases de un acuerdo: se integraría una asociación intermunicipal de prestación de servicios, se cavarían pozos nuevos así como se impulsaría la construcción de la presa El naranjo y se desazolvaría el río Marabasco.
Pero el acuerdo, convenido en mayo, es hasta ahora letra muerta. El gobernador Cavazos atribuye el hecho a su colega jalisciense. A mediados de noviembre, en audiencia con el presidente de la República, le pidió intervenir para resolver el embrollo, urgiendo a González Márquez a poner en práctica lo pactado. Calderón estuvo en Jalisco la semana pasada y no consta que conversara sobre el tema con el Ejecutivo local. Según el colimense, la Administración tapatía está desinteresada en el cumplimiento de esas bases porque pretende hacerse del control de la comarca, cada vez más importante en materia turística, y ya determinante en la actividad minera nacional. En el municipio colimense de Minatitlán, colindante con Jalisco se encuentra el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, un enorme yacimiento de hierro que desde hace más de treinta años (cuando una empresa pública inició su explotación) provee al mercado siderúrgico nacional de una amplia proporción de su materia prima, y que actualmente es propiedad de Hylsamex.
El Gobierno colimense se halla incómodo y temeroso de soluciones inequitativas al problema porque su contraparte, el de Jalisco, está representado en el Gobierno Federal por el secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña y el subsecretario Abraham González. Y si bien ambos forman parte de una corriente opuesta a González Márquez, parece que se impone en el caso, con grave riesgo para muchos, el interés localista.
