TORREÓN, COAH.- José Luis Dovalina Romero, ex titular del Registro Público de la Propiedad, compareció ante el Ministerio Público para atender cuestionamientos de la Secretaría de la Función Pública del Estado (SFPE), por probables irregularidades detectadas en una auditoría del ejercicio de 2005.
Carlos Centeno Aranda, delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó sobre la comparecencia del ex funcionario en la agencia investigadora de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, y señala que Dovalina Romero fue presentado al no atender dos citatorios previos.
“Todo esto es cuestión política, sólo política”, señala Dovalina Romero y asegura que acudió al Ministerio Público por su voluntad, haciendo referencia que sólo por los medios de comunicación se ha enterado de las indagatorias de la SFPE. “Ésta es la primera vez que se hace una auditoría en el Registro Público”, señala.
María del Carmen García Hernández, adscrita a la Dirección General de Averiguaciones Previas de la PGJE, señala que el Ministerio Público coadyuva con la SFPE que tiene carácter administrativo y de comprobarse las irregularidades detectadas, aplicarán algún tipo de sanción o hasta inhabilitación de la función pública.
Será hasta que concluya la actuación de la SFPE, cuando la PGJE podría tener elementos para iniciar una averiguación previa si así fuera el caso, dice María del Carmen García.
Por su parte José Luis Dovalina señala que no cometió ningún tipo de delito durante su labor al frente del Registro Público de la Propiedad de 2003 a 2005, que no tiene temor a ser detenido si se actúa conforme a derecho y hasta el momento no ha sido notificado formalmente sobre algún requerimiento en la SFPE.
Dan resultados
Al detectar un fraude por más de 25 millones de pesos en el Registro Público de la Propiedad de Torreón y luego de practicar una auditoría que duró más de un año, el pasado nueve de marzo la Secretaría de la Función Pública turnó los resultados a la Procuraduría General de Justicia del Estado con el propósito de que realizara una averiguación penal, según Ismael Ramos Flores.
La averiguación para fincar responsabilidades incluía otros delitos detectados por la Función Pública como Peculado, Tráfico de Influencias, Falsificación de Documentos y Uso Indebido de Funciones Públicas, dijo el secretario de la Función Pública.
De acuerdo con la auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública, las irregularidades fueron cometidas durante el año 2005 y en perjuicio de diversas instituciones bancarias, pues desde las oficinas del Registro Público de la Propiedad se cancelaban embargos e hipotecas aplicadas a particulares.
El procurador de Justicia en el Estado, Jesús Torres Charles, no especificó en marzo los nombres de las personas que serán demandadas y se reservó mencionar a quienes se les fincarán responsabilidades penales. Sin embargo, aseguró que la administración de José Luis Dovalina Romero al frente del RPP en Torreón durante 2005 recibiría sanciones administrativas por parte de la Secretaría de la Función Pública.
