“Cuando el Gobierno otorga derechos de monopolio en frecuencias… está escogiendo a los ganadores en una competencia”.
Robert McChesney
Me parece realmente ingenuo el argumento de que para evitar una mayor concentración de la propiedad en los medios electrónicos de comunicación haya que regresar al sistema de otorgamiento discrecional de concesiones que fomentó esta concentración. Pero esto es precisamente lo que están buscando los grupos políticos que se oponen a la nueva Ley de Radio y Televisión.
Les inquieta que se esté despojando al presidente de la República del poder discrecional de entregar y retirar concesiones de radio y televisión. Objetan la realización de licitaciones públicas y transparentes para que el mejor postor se quede con las frecuencias pagando una cantidad que el Gobierno podrá usar para gasto social. Quieren un retorno al dedazo: a un sistema en que el presidente determina de manera unilateral quién recibirá una concesión y quien no. Están convencidos de que el presidente les dará a ellos o a sus aliados políticos las tan codiciadas concesiones sin tener que pagar nada.
La razón por la cual tenemos la actual concentración de frecuencias de televisión es por ese sistema al que hoy quieren regresar tantos de nuestros políticos e intelectuales. Los presidentes repartieron durante décadas las frecuencias de televisión y por eso tantas terminaron en manos de un solo grupo. A cambio de ellas, y de la promesa que los gobernantes no utilizarían sus poderes discrecionales para despojarlos, los dueños les otorgaron un invariable respaldo. Eran soldados del presidente y del PRI.
En 1993 hubo por primera vez una licitación pública de un grupo de frecuencias de televisión. Un grupo de empresarios pagó 650 millones de dólares por esas frecuencias y otros activos de una televisora estatal que hoy se ha convertido en TV Azteca (con la cual colaboro). Pero como esta decisión incomodó al dueño de Televisa, quien había recibido todas sus frecuencias de manera gratuita y sin necesidad de participar en ninguna licitación, el presidente Carlos Salinas de Gortari lo “compensó” dándole 62 concesiones adicionales en su último año de Gobierno. Esto le permitió a Televisa completar su red nacional del canal 9 y estar en posibilidades de “competir” en una posición ventajosa con su nuevo rival privado.
La manera de evitar una mayor concentración en la televisión y de crear un ambiente de mayor libertad y competencia, no puede radicar en el retorno al viejo sistema de discrecionalidad que permitió a tantos presidentes y secretarios de Gobernación —como Manuel Bartlett, quien hoy encabeza el esfuerzo contra la Ley de Radio y Televisión— violar la libertad de expresión.
La nueva legislación, cuya constitucionalidad está siendo revisada actualmente por la Suprema Corte de Justicia, ofrece un atisbo de solución al otorgar a la Comisión Federal de Competencia un papel en las licitaciones y en las compras y ventas de empresas de comunicaciones. Pero hay que ir más allá.
Uno de los grandes problemas de la nueva Ley de Radio y Televisión es, en efecto, que no le da “dientes” a la Cofeco para vetar subastas o transacciones que impliquen una reducción importante de la competencia. Eduardo Pérez Motta, presidente de la comisión, señaló este problema desde un principio. Hoy la nueva Ley Federal de Competencia, que le da mayores poderes a la Cofeco en toda la economía, ha subsanado en parte este problema. Pero lo ideal sería que la propia Ley de Radio y Televisión le otorgara clara y concretamente a la Cofeco el poder de vetar cualquier adquisición de frecuencia, por compra o por subasta, que redujera significativamente la competencia en el mercado.
Lo paradójico del caso es que ya el Senado promulgó una Ley adicional que le da esos poderes a la Cofeco, pero la iniciativa ha quedado congelada en la Cámara de Diputados por acción de los propios grupos que se oponen a la nueva Ley. Esto confirma que su propósito no es, como dicen, impedir la concentración de medios, sino simplemente echar para atrás una Ley que despoja al ejecutivo de poderes discrecionales.
La función de la Suprema Corte de Justicia no es la de suplir al Poder Legislativo. Los ministros no deben decirnos si están de acuerdo políticamente con la nueva Ley de Radio y Televisión sino decidir si es constitucional. No les toca, por otra parte, suplir a los legisladores en omisiones como la de no haber dado a la Cofeco los poderes que ésta necesita para cumplir su papel.
Si lo que realmente queremos como sociedad es tener un sistema de medios electrónicos con mayor competencia, el camino no radica en reconstruir el sistema que nos dio el monopolio. Por el contrario, hay que crear un nuevo sistema en que las frecuencias se otorguen por subasta pública, como plantea la nueva Ley. Pero, además, debemos presionar a los legisladores para que aprueben la Ley que le daría a la Comisión Federal de Competencia todas las atribuciones necesarias para evitar una mayor concentración.
ELLOS NO, NOSOTROS SÍ
¿Por qué los panistas, encabezados por Santiago Creel, han cambiado su posición frente a la nueva Ley de Radio y Televisión? Porque cuando aprobaron la Ley a principios de 2006 pensaban que Andrés Manuel López Obrador sería presidente de la República y estaban deseosos de restarle facultades discrecionales. Pero hoy Felipe Calderón es el presidente de México y quieren que ejerza esos poderes excesivos que no deseaban que tuviera el perredista.
