Homero Ramos (cen.), secretario de Gobierno de Coahuila, explica la postura del Ejecutivo Estatal respecto a la controversia constitucional en la rueda de prensa convocada ayer. Le acompañan Armando Luna (der.), subsecretario de Asuntos Jurídicos y Eduardo Olmos, secretario de Desarrollo Regional de la Laguna.
‘El Municipio debe dar el primer paso si quiere que se reanuden las obras’, dice subsecretario de Asuntos Jurídicos
TORREÓN, COAH.- El Municipio podría desistirse de la controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna (SDRL), si se firma un acuerdo político en el que se definan claramente los mecanismos de coordinación y comunicación para la realización de obras públicas y programas sociales en Torreón.
Rodolfo Walss, secretario del Ayuntamiento, declaró ayer que si el Gobierno Estatal decide suspender las obras en las cuales tiene participación financiera, “será una decisión unilateral. Éste es un asunto de voluntad política y la única manera en que las obras se pueden suspender es si no hay voluntad política de parte de la SDRL de sentarse a platicar con el Ayuntamiento” .
Admitió que dentro de la controversia, el Municipio proporcionó la lista de obras sobre las que se pidió la suspensión. Sin embargo, Walss expresó que fue “a manera de ejemplo” ante la SCJN y como parte del procedimiento judicial, dado que la Corte pretende determinar que efectivamente hay actos concretos que pueden ser violatorios de la autonomía municipal.
Respecto a la decisión del Estado de suspender las obras señaladas en la resolución provisional de la SCJN como medida cautelar y mientras se resuelve la situación de fondo, el secretario expresó que “al Ayuntamiento no le interesa frenar obras, sino que nos den nuestro lugar y nos tomen en cuenta”.
Y agregó: “No nos quieran cargar un muerto que no nos corresponde. (...) De todas formas, las obras públicas están paradas (...) por ineficiencias técnicas de la SDRL que encabeza Eduardo Olmos”.
Para Rodolfo Walss, el titular de la SDRL, “desde su llegada, ha entorpecido el logro de una relación positiva con el Gobierno del Estado” y que pese a la insistencia del Ayuntamiento por tener información, ha obtenido como respuesta evasivas para la recepción de diversos documentos.
“La Corte nos está diciendo: Ayuntamiento y Estado, en sus ámbitos de competencia, coordínense (...) y si hay esa coordinación, nosotros no tendríamos ninguna duda en presentar algún desistimiento al respecto”, dijo el secretario municipal.
‘NADA QUÉ CONDICIONAR’
La suspensión del financiamiento y la ejecución de las obras públicas que realiza el Estado en Torreón, ordenada ayer por el gobernador Humberto Moreira, se mantendrá en estricto acato a la medida cautelar dictada por la SCJN y se reanudarán hasta que resuelva de fondo la controversia constitucional interpuesta por el Ayuntamiento contra la SDRL.
Según Armando Luna, subsecretario estatal de Asuntos Jurídicos, esto podría llevar días o meses, pero en tanto, si el Municipio decide presentar un recurso de desistimiento ante la SCJN, éste no tiene que ser condicionado, ya que “no hay nada qué condicionar, pues la orden de la Corte es tajante, clara y concluyente: se ordena suspender las obras”.
Explicó que es “el Ayuntamiento de Torreón como promovente de esa controversia el que debe dar el primer paso para desistirse en caso de que quiera que se reanuden las obras, pero sin condicionamientos”.
Para Luna, la resolución provisional ordenada a manera de medida cautelar no da lugar a interpretaciones subjetivas o personales, “es bien clara”, sobre todo en el contenido del párrafo 4. “El Municipio solicita que se suspendan sus propias obras, (...) solicitó a la SCJN que no haya obras en Torreón hasta que les dé su aval, aunque ya se les había dado en el marco de la firma del convenio Mano con Mano con el gobernador y en lo que respecta al convenio de obras del Impuesto Sobre Nóminas en las cuales el gobernador aporta dos pesos por uno del Municipio”.
MOREIRA: QUE ALCALDE SE DESISTA; ALCALDE: QUE NO CUNDA EL PÁNICO
SALTILLO, COAH.- Para el gobernador Humberto Moreira, la única forma en que el Gobierno Estatal reanude las obras por más de 300 millones de pesos en Torreón es que el alcalde José Ángel Pérez “salga como hombrecito” y se desista de la controversia constitucional que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El presidente municipal aludido, por su parte, exclamó: “Que no cunda el pánico, no hay problema en las obras, no tenemos la objeción de que se construyan, sino que nos informen de cómo se van a hacer”. Ambos funcionarios asistieron al acto de celebración de los 430 años de Saltillo y ahí fueron entrevistados.
Humberto Moreira anticipó que su administración presentará un recurso de inconformidad ante la SCJN debido a que el Ayuntamiento de Torreón “mintió a los ministros” al señalar que no estaban enterados de las obras estatales, “aun y cuando nosotros tenemos documentos firmados por ellos donde estaban de acuerdo”.
El mandatario estatal dijo que su Gobierno no confiará más en el alcalde de Torreón y advirtió que éste “hizo algo de lo que se va a arrepentir, porque está golpeando a la población y cuando se mete la pata, si uno no está formado como hombrecito se empiezan a buscar excusas (...), pero hay que tener pantalones y hay que reconocer y si el alcalde dice me desisto, las obras se reanudan al día siguiente, porque yo no puedo violar una disposición de la Corte porque caería en desacato”.
Anticipó que la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna (SDRL) “se mantiene, pues la resolución no dice nada de que deba desaparecer, es decir, lo que ellos buscaban no se logró (...)”.
Sin embargo, José Ángel Pérez aseguró que “existe una mala interpretación de lo que dice el acuerdo, porque no habla de la suspensión tácita ni física de las obras, sino de lo que habíamos estado solicitando, de que hubiera comunicación, coordinación con nosotros”.
Reconoció que el origen del conflicto con el Gobierno Estatal se encuentra en la SDRL, “pues el Municipio es autónomo y nadie puede llegar (...) a hacer lo que quiera”.
Consideró que el gobernador no se debe molestar “por una resolución de la Corte que abona al federalismo” y que la próxima semana buscará un encuentro con él, a fin de analizar en conjunto el contenido de la resolución. Aseguró que no hay motivos para arrepentirse y señaló que no teme una escalada en su contra por parte del Gobierno Estatal.
“Yo no me merezco un castigo por el hecho de que mi Cabildo utilizó un recurso legal para preguntar a la SCJN si la creación de la SDRL era constitucional o inconstitucional (...)”, concluyó el alcalde. (Por Leopoldo Ramos)
SE VA A ARREPENTIR
“El alcalde hizo algo de lo que se va a arrepentir, porque está golpeando a la población y cuando se mete la pata, si uno no está formado como hombrecito se empiezan a buscar excusas”.
HUMBERTO MOREIRA,
GOBERNADOR DE COAHUILA
NO SE ‘APANIQUEN’
“Que no cunda el pánico, no hay problema en las obras, no tenemos la objeción de que se construyan, sino que nos informen de cómo se van a hacer”.
JOSÉ ÁNGEL PÉREZ,
ALCALDE DE TORREÓN
FALTA VOLUNTAD POLÍTICA: IP
Para la Iniciativa Privada, el principal conflicto que existe entre el Gobierno Estatal y el Municipal es la falta de voluntad política de las partes para asumir sus papeles y ponerse a trabajar en beneficio de la sociedad de Torreón.
Hay preocupación entre los empresarios de la región en cuanto al paro de obras, pues coinciden en que los trabajos ya de por sí eran muy lentos y ahora con la resolución de la SCJN, se detendrán por completo. Por ello, solicitarán a ambos gobiernos que resuelvan sus conflictos y trabajen en armonía.
Para Víctor Tumoine, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), la ruptura entre Estado y Ayuntamiento es un pésimo regalo para Torreón en su Centenario. “Esto no pudo ser en un peor momento”, dijo.
“Hace falta voluntad política para dirimir las diferencias que hay entre alcalde y gobernador porque los que la vamos a pagar somos los ciudadanos”, dijo José Manuel Jiménez, presidente de Desarrollo de la Laguna.
Por su parte, Edgar Ríos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), consideró que en el Municipio “no midieron el alcance (de la controversia), de por sí muchas obras llevan un ritmo lento y con esto se va a atrasar el tiempo de entrega y de ejecución”.
Tanto el Grupo Empresarial de la Laguna (GEL) como el CLIP consideraron necesario dialogar con las autoridades para que solucionen este problema y se reanuden las obras, pero que se aclaren bien los cuestionamientos de ambas partes, a fin de que no se vuelvan a presentar estas situaciones.
Fernando Royo, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que las leyes están para solucionar este tipo de conflictos, por lo que ninguna de las partes debe espantarse con la resolución de la SCJN. “La Suprema Corte dice ‘siéntense a negociar’, es lo único, no veo cuál es el problema”, señaló. (Por Fabiola Pérez-Canedo)