Como ha ocurrido de tanto en tanto, un conflicto de intereses cruza la vida de la Universidad de las Américas Puebla, de modo tal que no se trata de diferencias privativas de una institución manejada por particulares, sino que involucra a sectores de la vida poblana que manejan poder económico y político.
La causa inmediata de la complicación padecida por esa institución (nacida en 1940 como México City College, en el Distrito Federal) es el activismo de Neil Lindley, miembro del Consejo universitario, un órgano de reciente creación en que ha expresado críticas al Patronato y al rector y sugerido que para resolver un conflicto de intereses la familia Jenkins debe apartarse de la gestión del establecimiento. Hasta ha sugerido que de no ocurrir así la Udla puede perder su afiliación a la Southern Association of Colleges and Schools (Sacs), membresía de que depende buena parte de su operación, por el intercambio académico y cultural tan intenso como es propio es una institución bilingüe y binacional.
Lindley ha planteado de varios modos la manera de resarcir a los Jenkins de su pretendida –y remota, hay que decirlo—retirada de la Universidad. Declaró haber sostenido “conversaciones con administradores de universidades de Estados Unidos y hay cierto interés de que algunas de esas universidades participen en un consorcio, donde estaría dispuesto suficiente dinero para comprar los intereses de los Jenkins en la Udla”. Lo ha expresado también como la posibilidad de que ese consorcio, “de universidades y fundaciones altamente respetadas compense a la fundación Jenkins de manera justa por su considerable inversión en la Udla a cambio de su renuncia al control de la escuela”. Apenas el doce de mayo lo dijo también de este modo: “Yo represento un consorcio de instituciones de educación superior con fundaciones y educadores profesionales que están listos para poder contribuir con decenas de millones de dólares para la Udla este año y juntar otras decenas de millones hasta alcanzar los 150 millones de dólares en un periodo de cinco años”.
Simultáneamente con esta oferta o amenaza, Lindley ha criticado el manejo de la Universidad. Por un lado, denuncia a los Jenkins por beneficiarse de negocios que son proveedores de diversos insumos para la universidad. Y tampoco le parece que vaya por buen rumbo la administración académica, cuyo responsable es desde junio de 2005 el doctor Pedro Ángel Palou García (hay que poner su segundo apellido para distinguirlo de su padre, sobresaliente como él en la vida poblana), un polifacético y conspicuo personaje que lo mismo obtiene premios por su literatura (ganó el Villaurrutia en 2003 por su novela Con la muerte en los puños) que por sus tareas de investigador social. Lindley ha hecho notar en esta etapa del conflicto que Palou fue secretario de cultura del gobernador Mario Marín (aunque deba decirse que lo fue también de su antecesor, Melquiades Morales, hoy miembro del Senado).
Como expresión más abierta del conflicto ha habido renuncias y despidos. Profesores de los departamentos de economía y comunicación fueron removidos (presumiblemente por que Lindley los cooptó), el vicerrector general Luis Foncerrada Pascal fue también despedido y como consecuencia de esos movimientos, se fue de la presidencia del Consejo universitario quien lo fue hasta hace algunos meses del Consejo coordinador empresarial poblano Luis Regordosa Valenciana.
El combate de Lindley parte de una falacia vista desde la formalidad aunque quizá de hechos reales. No es la familia Jenkins la que controla la Udla, sino la Fundación Universidad de las Américas Puebla, la que a través de un patronato maneja la Universidad. Buena parte de su financiamiento ha provenido a lo largo de los años de otra fundación la Mary Street Jenkins. La señora de ese nombre fue esposa de William Jenkins, norteamericano radicado en Puebla desde la segunda década del siglo pasado, que amasó una fortuna no siempre del modo más edificante. En algunos de sus negocios, la exhibición cinematográfica y la banca, fue auxiliado por empresarios como Gabriel Alarcón y Manuel Espinosa Yglesias, que luego emprendieron vuelo con sus propias alas, aunque el segundo de ellos mantuvo cercanía con las instituciones filantrópicas de los Jenkins.
El reemplazo de generaciones introdujo gérmenes de desacuerdo entre los herederos. Hace poco menos de diez años que el rector Enrique Cárdenas quedó preso entre los intereses de Ángeles y Guadalupe Espinosa Rugarcía, de quien era y es cercano y los de Guillermo Jenkins Anstead, que con su esposa y sus hijos (Elodia Sofía Landa de Jenkins, Guillermo y Roberto Jenkins Landa) integran el patronato cuya actuación no satisface a Lindley, otro heredero de protagonistas de la historia de la Udla, pues su padre fue el primer rector de la Universidad, en 1963.
Sustituyó a Cárdenas la doctora Nora Lustig, una reputada economista que súbitamente se retiró, hace dos años, sin hacer explícitas las causas de su dimisión. Se presume que tenían que ver con el estrecho margen financiero con que obra la universidad. La rectora había intentado su primer el equipo Aztecas de futbol americano, que cuesta a la Udla entre 16 y 20 millones de pesos, para aplicarlos a fines más propios de la institución. Con motivo de la actual etapa del conflicto, el Patronato y el rector han afirmado que “al cierre del ejercicio 2006 la Universidad de las Américas Puebla registró un superávit en sus finanzas”.
