Mañana sábado 15 llega el límite constitucional a las sesiones ordinarias del Congreso. Sus coordinadores habían imaginado posible concluirlas ayer jueves 13, pero en medio de confusiones se acumularon tareas que quizá obligaron a trabajar hoy, y eventualmente a citar a sesiones extraordinarias en la segunda quincena de diciembre. El orden del día al iniciarse la sesión del jueves no preveía ninguna de esas prórrogas y al contrario estaba programada la clausura y la asunción de funciones de la Comisión permanente. Pero al mediodía no podía darse por seguro que eso ocurriera. Si se llegara al extremo de ir a extraordinarias, las cámaras no completarían su agenda, en que dejaron pendientes tareas de gran relevancia.
Ello es así, entre otros factores, por la ingerencia de la política de los partidos en la vida parlamentaria. Es inevitable que así sea y es normal que así sea. Pero en el interior de algunas fracciones, o en la relación de los grupos entre sí (dentro de una cámara, o entre cámaras) hay demasiado ruido, que no favorece la fluidez del hacer legislativo.
El caso más notorio es el de las bancadas perredistas, especialmente en san Lázaro. La permanente tensión entre las corrientes internas en el partido, que se traduce a la vida parlamentaria se intensificó en las sesiones finales, al punto de que parecería inminente una ruptura. La opinión de Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma electoral condujo a que las enmiendas y adiciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales fueran aprobadas sólo por una porción de los diputados perredistas. La virtual escisión se repitió a la hora de votar el miércoles la reforma judicial donde se hizo presente de nuevo el grupo de los legisladores cercanos al ex candidato presidencial. No se trata de una querella activa, como lo mostró el que el coordinador de la fracción, Javier González Garza pudiera solicitar en nombre de todo su grupo el aplazamiento de la discusión de esa reforma. Frustrada la petición unánime del grupo se abrió de nuevo paso la diversa visión de las dos corrientes que van configurándose, y el voto separado en consecuencia. El receso aliviará un tanto la situación, pero cuando se reinicien las sesiones ordinarias en febrero la inminencia de la elección de comité nacional se reflejará en la relación entre los subgrupos, marcada también por el curso que siga el Frente Amplio Progresista, que podría estar en trance de ruptura.
En el PAN se percibió menos la tensión interna, pero la había, a causa de la sustitución de Manuel Espino en la presidencia del partido y su eventual repercusión en el grupo parlamentario. Es potestad del dirigente partidario designar a los coordinadores parlamentarios y, en esta coyuntura, decidir si valen o no las designaciones hechas por el líder que dejó de serlo. Era manifiesta la identidad de Héctor Larios con Espino, y la consecuente distancia del líder parlamentario con el nuevo presidente nacional. Pero Germán Martínez resolvió con tino que era impertinente mudar de caballo a la mitad del río –es decir sustituir al coordinador a estas alturas del calendario y estando pendientes temas delicados como la designación de consejeros electorales— y mantuvo en su cargo a Larios, lo que no asegura su permanencia al recomenzar las tareas el año próximo.
También con menor visibilidad, pero no menor densidad, en la fracción priIsta en san Lázaro se perciben inquietudes entre los diputados que no se avinieron nunca a que Emilio Gamboa sea su coordinador. En la medida en que ha crecido el ámbito de influencia del senador Manlio Fabio Beltrones en el Senado y fuera de él, se acelera la impaciencia de quienes esperarían beneficiarse de esa influencia para desbancar a Gamboa y extender a san Lázaro el beltronismo, que es el grupo dominante en las tenues estructuras del partido antaño invencible. Como reflejo de esa situación es de esperarse que la reforma constitucional sobre seguridad y justicia no sea abordada de última hora en el Senado y cuando se la estudie no es improbable que se le introduzca modificaciones que hará necesaria su devolución a la Cámara de origen.
Otros temas quedaron pendientes en la agenda legislativa. Se frenó a última hora la reforma a la Ley de Competencia Económica, que proponía eliminar el incentivo perverso de que sea rentable incurrir en prácticas monopólicas. Para evitar que lo sea se requiere que las sanciones sean tan pesadas que disuadan a los infractores en vez de que, como ocurre ahora, se cuente entre los costos de operación lo que debe pagarse por no cumplir la ley. Alejandro Sánchez, diputado perredista autor de la iniciativa señaló específicamente a Emilio Gamboa como demasiado sensible a las presiones de los grupos privados que encuentran pagaderas las multas actualmente en vigor porque las ganancias derivadas de infringir la norma lo permiten.
También quedó pendiente la ley del libro, que la Legislatura anterior había aprobado y fue devuelta al Congreso por el presidente Fox, con observaciones que giran alrededor del precio único. El grupo que impulsó su aprobación, integrado por todos los sectores de la actividad librera se ha mostrado muy activo en informar al nuevo Gobierno y a los legisladores sobre la pertinencia de las nuevas normas. No le ha sido posible, sin embargo, suscitar suficiente interés que conduzca, si fuera necesario, a una nueva discusión pública sobre un tema que concierne a la economía y a la cultura.
