“Un partido político es la locura de muchos en beneficio de unos pocos”.
Alexander Pope
Los legisladores del PRI y del PRD, con la aquiescencia del PAN, están a punto de llegar a un acuerdo que puede resultar desastroso para la democracia. Como parte de una nueva reforma electoral, están negociando la destitución de los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral. Si la medida se aprueba, constituirá un severo golpe a los esfuerzos por establecer una autoridad electoral independiente en México.
Los perredistas no han ocultado su deseo de “castigar” a los consejeros del IFE por, supuestamente, haber favorecido a Felipe Calderón en la contienda presidencial de 2006. Como parte de su esfuerzo por demostrar que no fueron ellos quienes perdieron la elección, sino que la victoria les fue arrebatada por un complejo complot, los dirigentes del PRD buscan cobrar venganza destituyendo a los consejeros del IFE.
El PRI se ha unido a este esfuerzo, en parte porque sus directivos se sienten molestos con los consejeros porque se preparan para aplicar multas a este partido, junto al resto de las agrupaciones políticas que participaron en la elección de 2006. Por otra parte, si bien los priistas siempre han reconocido la legitimidad de los comicios, no les cae mal arrojar un velo de duda sobre una votación en la que su partido no sólo fue derrotado sino desplazado ignominiosamente al tercer lugar.
El PAN se ha resignado a sacrificar a los consejeros del IFE. Los directivos del partido aseveran que no quieren destituir a los consejeros; pero, ante lo inevitable, cuando menos buscan que su reemplazo sea escalonado. En el fondo, sin embargo, están avalando la decisión de destituir a los consejeros del IFE.
El precedente es lamentable. A los consejeros se les está castigando por haberse apegado a la ley.
La acción en su contra está mandando una pésima señal al sistema electoral de nuestro país. Los consejeros de hoy y del futuro, tendrán que someterse a las imposiciones de los partidos políticos porque de otra manera serán cesados. Poco importa que la propia legislación que creó al IFE determine la inamovilidad de los consejeros. Los partidos políticos han decidido saltarse las leyes que ellos mismos legislaron.
Si se pretende castigar a los consejeros del IFE por su desempeño en el proceso electoral de 2006, habrá que extender la sanción a muchas personas más. Tendrá que castigarse a los legisladores que promulgaron leyes que hoy no han dejado satisfechos a sus propios partidos políticos. Tendrá que castigarse también a los cientos de miles de ciudadanos que participaron sin paga como funcionarios de casilla en el proceso electoral, ya que ellos contaron los votos y llenaron las actas y son, por lo tanto, responsables directos de los errores o fraudes que puedan haber ocurrido. Deberá sancionarse también a todos los representantes del PRD en las casillas, porque no vieron el fraude que se estaba realizando ante sus propios ojos y firmaron las actas que le dieron validez al proceso.
Será necesario también destituir a los consejeros de los 300 distritos electorales del país que revisaron las actas electorales y sumaron los votos. Y a todos los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque revisaron la actuación de los consejeros del IFE y la encontraron apegada a la ley. Y por supuesto, también a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que no encontraron razones para atraer la elección y darle el triunfo al PRD.
¿Por qué no mejor sancionar a los ciudadanos y prohibirles participar en los procesos electorales? Los ciudadanos, después de todo, son una enorme molestia para los partidos políticos porque actúan con independencia. Prohibamos la participación de los ciudadanos como funcionarios electorales. Que los políticos vuelvan a ser juez y parte, como lo fueron durante tanto tiempo. Mejor aún, que no haya votaciones. Que sean los políticos, reunidos en cónclave, los que decidan quién debe ocupar los cargos más importantes de nuestra república.
No pienso que los consejeros electorales sean perfectos. Pero las decisiones que tomaron en el proceso electoral se basaron en la ley o en acuerdos públicos tomados en el seno del Consejo General. Tal fue el caso, por ejemplo, de la decisión de no dar a conocer el resultado del conteo rápido si la diferencia era inferior al uno por ciento o de no censurar previamente la propaganda electoral.
La decisión de los partidos de destituir a los consejeros electorales es una vergüenza. Para hacerlo están creando una nueva ley, porque así violan impunemente la que actualmente se encuentra en vigor. Esto demuestra que no tienen pruebas de las supuestas faltas de los consejeros. Si las tuvieran, ya los habrían enjuiciado. La única falta real es de los políticos, que primero crean unas reglas y después castigan a la autoridad que las aplica.
UNA VEZ MÁS
Nuevamente se desplomó ayer la Bolsa Mexicana de Valores, junto a los demás mercados bursátiles del mundo. Ayer el índice de precios y cotizaciones cayó más de 3 por ciento. La situación sigue siendo la misma. Los inversionistas tienen temor de la crisis hipotecaria en los Estados Unidos. Lo cual no tiene nada que ver con México, pero afecta de cualquier manera el mercado bursátil nacional.
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