Señala litigante que los detractores del ex presidente actúan como jueces.
Para enfrentar las investigaciones de la PGR y la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, el ex presidente Vicente Fox contrató el viernes por la tarde los servicios del abogado Rubén Ayala Chaurand, el defensor de los hermanos Bribiesca Sahagún.
A las 14:00 horas del viernes, Fox firmó un poder ante el Notario Público 55 de Celaya, Guanajuato, para nombrar como su representante legal a Ayala, quien para este caso contará con el apoyo de los abogados Guillermo y Alejandro Ostos, ambos del DF.
De 39 años y originario de Celaya, Ayala es sobrino del diputado Carlos Chaurand Arzate, del PRI, y defensor del empresario Miguel Khoury Siman, dueño de Construcciones Prácticas, la empresa que legisladores han vinculado con los Bribiesca.
Ayala llega a la defensa del ex presidente luego de ganar cuatro litigios consecutivos en el caso Bribiesca.
Ganó la demanda de daño moral de Manuel Bribiesca contra la escritora Olga Wornat y, en instancia definitiva, el amparo que invalidó las investigaciones de la anterior Comisión Especial de la Cámara contra los hijos de Marta Sahagún.
También logró que la PGR archivara su investigación por tráfico de influencias contra los Bribiesca, por falta de elementos, y consiguió que la Procuraduría del DF archivara su averiguación por falsedad de declaración contra Manuel Bribiesca, también por carecer de evidencias.
Después de Luis Echeverría, Fox es el segundo ex presidente de México en la historia reciente que contrata abogados para afrontar acusaciones de índole penal.
Ve juicio mediático
Al asumir la defensa de Fox, Ayala Chaurand dijo en entrevista que acudió con diputados de la Comisión Especial para entregarles videos de la visita de George Bush al rancho de Vicente Fox en 2001, con el objeto de demostrar que no ha habido cambios en el inmueble.
El próximo martes, adelantó, se presentará en la PGR para conocer directamente la denuncia del senador Ricardo Monreal contra Fox, así como las declaraciones de los testigos que ha citado a declarar la dependencia federal.
Ayala aseguró que Fox no tiene ningún miedo, por el hecho de contratar abogados, y dijo que más bien es víctima de un juicio sumario por parte de sus detractores.
“Más bien yo creo que él debe tener una defensa jurídica; como se advierte, los detractores y perseguidores de Vicente Fox y de su familia se han instaurado como Ministerios Públicos y jueces.
“Estamos viendo un juicio sumario en el que, sin darle derecho de defensa, lo han acusado y juzgado ante la opinión pública y lo han condenado frente al pueblo de México, lo cual atenta contra nuestro Estado de derecho.
“Estamos convencidos de que estamos defendiendo a un hombre honesto y nosotros confiamos en las instituciones de este país, creo que probaremos la inocencia de Vicente Fox y su familia”, expresó.
El propio ex mandatario, en una carta enviada a la dirigencia del PAN y difundida el viernes, aseguró ser objeto, junto con su familia, de una “ola de ataques e infundios”.
“A mis acusadores les demando pruebas de sus dichos, y no sólo recortes periodísticos sin constancia alguna”, señaló Fox.
Fue Azuela con Fox por el caso desafuero
El domingo 6 de abril de 2004, en una reunión en Los Pinos, el entonces presidente, Vicente Fox, preguntó al presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, su opinión sobre el desafuero de Andrés Manuel López Obrador.
Éste le contestó que compartía el análisis jurídico del procurador Rafael Macedo, quien estaba por la aplicación de la Ley.
La escena es narrada por el ex vocero presidencial, Rubén Aguilar, y el ex Canciller, Jorge Castañeda, en su libro "La Diferencia. Radiografía de un Sexenio", que se pondrá en circulación en los próximos días.
"Cuando Fox invitó a Mariano Azuela, pensaba en el porvenir. Quería cerciorarse de que el Poder Judicial se hallaba absolutamente seguro de lo que hacía.
"Como dice Fox: ‘En mí había una duda razonable de que pudieran luego dejarme bailando en la loma’. Buscaba escuchar, según él, en la propia voz del presidente de la Suprema Corte, que, efectivamente, no había otro camino", se lee en el texto.
El libro detalla que, según el círculo cercano a Fox, la presión para el desafuero provino de Macedo. Pero gente vinculada al entonces procurador señaló que él nunca creyó en la solidez del caso, e incluso, dijo a sus colaboradores que era una orden presidencial que no iba a poner en tela de juicio.
Un interlocutor de Azuela, citado así en el texto, narra que el presidente de la Corte le comentó que cuando Fox preguntó cuál era su criterio jurídico respondió de manera ortodoxa y dijo coincidir con el procurador.
"Si a Azuela se le hubiera consultado de manera directa… ¿quieres aplicarle la Ley o la justicia, (o sea, "para mis amigos todo, para mis enemigos la Ley")? tal vez habría respondido de otro modo", según el interlocutor.
Actual jefe del EMP avaló dar Hummer
El general Jesús Javier Castillo Cabrera, actual Jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), fue quien firmó dos de los tres contratos en comodato que se dieron entre el Gobierno Gederal y la compañía General Motors para que la Hummer H2 fuera asignada al ex presidente Vicente Fox Quesada.
La unidad, consta en uno de los contratos, contaba con todas las comodidades, incluso un reproductor para seis discos compactos y un sistema de alta fidelidad con cuatro bocinas.
De acuerdo con una solicitud de información, el EMP hizo entrega de los tres contratos correspondientes a estos en comodatos, que generaron polémica en sectores políticos y sociales del país.
El primero se firmó el 12 de noviembre del 2004 y concluía un año después. El contrato fue firmado por Castillo Cabrera en su calidad de Subjefe Administrativo del EMP, y por Carlos Gelista Morales como representante de General Motors de México.
El segundo fue un convenio de prórroga para utilizarlo hasta el 2 de diciembre del 2006.
Este documento da cuenta de que ambas partes estaban de acuerdo en continuar con el contrato, y es firmado por las mismas personas del primer contrato.
El tercer contrato señala que la Hummer estaría en propiedad del EMP hasta el 7 de diciembre del 2007.
La camioneta Hummer que utilizó el ex presidente Vicente Fox desde fines de 2004 fue devuelta a la compañía General Motors de México, el pasado 22 de octubre.
