En la sesión de hoy, la Corte se dividió por el tema de Oaxaca, donde se analiza si se dieron violaciones a las garantias individuales de los maestros.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continuó con la discusión sobre la facultad de investigación de posibles violaciones a garantías individuales en Oaxaca, durante el conflicto magisterial que inició en mayo del año pasado.
En la sesión del pleno, los ministros mostraron posiciones divididas sobre si el alto tribunal debe o no integrar una comisión de magistrados para determinar si autoridades estatales violaron derechos humanos.
El ministro José de Jesús Gudiño, quien expuso su postura en voz de Genaro Góngora Pimentel, pues debido a su reciente operación del corazón evita hablar en la sesión, consideró que no deben acoger elementos aprobados en primera instancia sobre violación a garantías, sino averiguar las causas y probables excesos del Estado.
Sostuvo que no se puede idealizar a la Suprema Corte como el tribunal que en todos los casos de violaciones graves está en actitud de brindar "una respuesta verídica y responsable".
Gudiño Pelayo indicó que no pueden asumir esa actitud en casos como el de Oaxaca, donde están involucrados varios aspectos y actores, tanto de gobierno como particulares.
Al recordar que la SCJN tiene facultad discrecional para decidir si investiga o no un caso, opinó que el alto tribunal no debe prejuzgar sobre la importancia y trascendencia de los hechos, sólo porque la solicitud venga de la Cámara de Diputados, como lo establece el proyecto de Juan Silva Meza.
Señaló que Oaxaca es un caso sumamente complejo y rebasa el papel que contempla el segundo párrafo del Artículo 97 constitucional, que atribuye a la Corte facultades de investigación, pues involucra a un número indeterminado de actores.
El ministro agregó que en todo caso en el análisis del tema deben participar sociólogos, politólogos, historiadores y demás especialistas, pues el conflicto estuvo enmarcado por reclamos de derechos sociales y gremiales, pugnas por el poder, conflictos intrapartidistas y condiciones históricas del pueblo oaxaqueño.
A su vez, Sergio Salvador Aguirre Anguiano se "reveló" contra la propuesta de Silva Meza, pues consideró que el estado de inseguridad y violencia que prevaleció en Oaxaca desde mayo del año pasado es atribuible a grupos particulares y no a las autoridades.
Desde su punto de vista, el conflicto no fue ocasionado, "como erráticamente lo dice el proyecto", por el ejercicio ilimitado de la fuerza pública, sino por los grupos que violentaron la paz pública, y cuestionó el alcance de las recomendaciones de la SCJN, pues no tienen carácter de obligatorias.
En su oportunidad, Ramón Cossío Díaz se manifestó en favor de que la Corte ejerza su facultad de investigación, pero no como lo establece la propuesta, de tomar como probatorios los elementos aportados por los legisladores.
Por el contrario, dijo, el máximo tribunal del país deberá determinar si los hechos constituyen violaciones de garantías individuales. Abundó que no se puede decir que los hechos están demostrados, y la Cámara de Diputados no puede obligar a la Corte a adoptar los hechos como los considere, por lo que se pronunció por hacer un examen general de los documentos probatorios que se presentaron.
El lunes se retomará el tema y tocará el turno a las ministras Margarita Luna Ramos y Olga Sánchez Cordero, así como el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, exponer su posición para definir si se conforma o no la comisión investigadora.
