I Parte
Los problemas ambientales que enfrentan las sociedades actuales tienen un origen principalmente antrópico, es decir, son provocados por el mismo hombre y peor que ello, cada vez más se están convirtiendo en una amenaza para su vida y la de otros organismos vivos.
Todos entendemos que la agricultura, la industria y el crecimiento urbano-demográfico, son factores antrópicos orientados a la obtención de satisfactores que mejoren las condiciones de vida de la población; sin embargo y por increíble que parezca, se están convirtiendo en factores que atentan contra ella, como cuando se habla de contaminación, fenómeno que básicamente consiste en la alteración de los elementos que circulan en el ambiente por encima de los límites de tolerancia permisibles para la vida sana de la población.
Ejemplos de lo anterior ocurren cuando una o un conjunto de empresas agropecuarias extraen mayores volúmenes de agua de los que se recarga un acuífero para el riego de sus cultivos, provocando abatimientos y una elevación en las concentraciones de sales que terminan contaminando el líquido que tomamos los demás habitantes de la región que compartimos esa fuente de agua u otras empresas que realizan emisiones de CO2 en la atmósfera contaminando el aire que respiramos quienes compartimos el espacio urbano con dichas factorías; pero también los individuos que formamos parte de una población utilizamos automóviles que emiten CO2 o desechamos basura y aguas residuales en nuestras viviendas, es decir, de alguna manera todos tenemos una responsabilidad en el deterioro del ambiente en el que vivimos aún cuando ésta se presente en escalas diferentes.
Ciertamente, no toda práctica agrícola o industrial, ni la multiplicación de la gente operan de esta manera, sino que esto sucede cuando tales actividades o eventos impactan el ambiente por encima de los estándares permisibles para la vida o más precisamente, para permitir una mejor calidad de vida.
Hoy en día el avance tecnológico posibilita utilizar equipos o medios que reducen los impactos en el ambiente o que permiten remediar los daños ya provocados, sólo que incrementan tanto los costos económicos de esa actividad como los costos ecológicos que afectan a la población, pero no hay de otra, o los asumimos o agraviamos a nuestros semejantes.
La cuestión aquí reside en reconocer cuando las actividades que realiza mi empresa están usufructuando un recurso como el agua de un acuífero al que estoy contaminando y no evadir esa responsabilidad afirmando la propiedad del título de concesión o la justificación de que aporta empleos y bienes que la población, la región o el país necesita; en otras palabras, todos debemos asumir la responsabilidad que nos compete por las acciones que realizamos y ser, por tanto, corresponsables con el daño que provocamos al ambiente, al entorno en el que o del que viven otros seres humanos y otros organismos vivos.
La corresponsabilidad socioambiental se origina en la tesis que se planteó en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, Brasil (1992), en la que se reconoce que los recursos naturales (aire, agua, suelo y biodiversidad) son bienes comunes de la sociedad, los cuales, independientemente de la propiedad privada o social que sobre ellos se ejerza por individuos, empresas o comunidades, deben cuidarse porque de ellos depende el conjunto de la población.
La conservación de estos recursos es la base de la creación de Agendas Ambientales que rigen no sólo la producción agrícola o industrial, el manejo de los recursos o los desechos que generamos diariamente a nivel local, sino también a nivel global.
En virtud de que las empresas y los ciudadanos somos los principales perturbadores del ambiente, debemos asumir esa corresponsabilidad en la conservación de los bienes comunes, tarea que ineludiblemente también debe asumir el Gobierno en sus diferentes niveles en la medida que los primeros no podemos actuar en perjuicio de nuestros semejantes aduciendo la libertad como valor social al que convertimos en una práctica abusiva, la cual debe ser regulada y sancionada por la autoridad competente y a la inversa, los ciudadanos debemos vigilar e incidir en las políticas y acciones públicas que realicen las oficinas de gobierno conforme a las normas ambientales establecidas o cuestionar estas cuando no se ajusten a la realidad. La siguiente semana hablaremos de esto con referencia a nuestra Comarca Lagunera.
