Pese a que reconoce avances, Estados Unidos afirma que la legislación federal mexicana debe contemplar la protección a víctimas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó su preocupación por que en México no hay un “progreso significativo” en el combate a la trata de personas, por lo que exigió mayor dureza en el castigo de este “grave” delito y protección para las víctimas.
La coordinadora de Programas Internacionales de la Oficina de Monitoreo y Combate a la Trata del Departamento de Estado, Jane Sigmone, indicó que la corrupción de autoridades mexicanas ha impedido el desarrollo del Estado de Derecho y ha dificultado el combate a este delito.
Reconoció sin embargo, que el Gobierno tiene avances en la materia, pues ahora hay una mayor conciencia sobre el problema y personal preparado para afrontarlo. Insistió en la importancia de que se mejore y apruebe la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Senado de la República.
Sigmone participó en el Seminario Internacional de Prevención y Sanción a la Trata de Personas que organiza el Senado y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (Ceidas).
En entrevista posterior al encuentro, explicó las razones por las que en su más reciente reporte anual, dado a conocer el 12 de junio, el Departamento situó a México por cuarto año consecutivo en una lista de “observación especial” y en la posición dos —en una escala de tres—, con un avance regular en el combate a la trata.
—¿Por qué México ocupa esa posición?
—Nosotros tenemos una excelente relación de amistad y trabajo con México, pero sí estamos preocupados por el hecho de que México y otros países estén en el nivel dos, porque es una indicación de que no ha habido un progreso significativo en el combate a la trata. En la Ley Federal contra este delito no se penalizan todas las formas de tráfico y necesita ser mejorada para que pueda asistir a todas las víctimas y haya un castigo duro que refleje la gravedad de este delito.
En el reporte expresamos nuestra preocupación acerca de la corrupción porque es un impedimento para combatir estos delitos, pero también sabemos que México ha tenido progresos en muchos frentes con los que estamos muy contentos, pues hay una mejor preparación de funcionarios, una mayor concienciación, muy buenas leyes locales y una excelente colaboración.
—¿Cómo ve la respuesta del Gobierno mexicano a sus reportes?
—El Gobierno de EU reconoce el progreso de México, pero la Ley Federal será de gran ayuda para combatir este delito. Hemos escuchado que hay un compromiso para que se apruebe esta Ley y por eso estamos satisfechos.
—La OEA asegura que la trata crece en México, en parte, por la debilidad de los tres niveles de Gobierno. ¿Coincide el Departamento de Estado?
—La OEA dice que la trata de personas ha crecido en general en toda la región, pero no tenemos números exactos. Esperamos que este delito disminuya porque lo que puede pasar es que siga floreciendo. Por eso necesitamos una buena Ley, extremadamente bien implementada, sin olvidar un sistema fuerte de protección a las víctimas.
Prometen aprobar este año Ley
El Gobierno de México y legisladores federales reconocieron la gravedad de la trata de personas en nuestro país, por lo que aseguraron que aprobarán este mismo año la Ley federal para poder perseguir este delito a nivel nacional.
En el Seminario Internacional de Prevención y Sanción a la Trata de Personas, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, aseguró que el combate a esta “práctica inhumana” es una tarea prioritaria para el Gobierno de México, pero destacó que también es necesaria la cooperación internacional y de las asociaciones civiles.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Manlio Fabio Beltrones, indicó que México es el principal centro de reclutamiento de niños y niñas que son explotados en Estados Unidos, por lo que indicó que la Ley no será suficiente sino también la cooperación de ese país, ya que el delito requiere de un “esfuerzo compartido”.
En el seminario, organizado por el Senado y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (Ceidas), la representante de la organización internacional Ecpat de Guatemala, María Eugenia Villarreal, pidió la colaboración del Gobierno mexicano, pues en la frontera entre ambos países ha crecido la explotación de niños y mujeres centroamericanas.
Mario Gómez, coordinador nacional del Programa Antitrata de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito en Colombia, sugirió al Gobierno mexicano que para tener éxito en esta tarea la Ley Federal que apruebe debe contar con presupuesto suficiente para su aplicación.
Juan Artola, jefe de Misión en México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), señaló que su oficina ha asistido a 20 víctimas de trata en nuestro país, pero consideró que hay retos por enfrentar, pues la necesidad de albergue y asistencia médica para esas personas no está resuelta.
José Martínez, representante regional para México y Centroamérica de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, indicó que a nivel global destaca la alta incidencia de México y otras naciones americanas como países de origen de las víctimas y Estados Unidos, Europa y Asia como receptores.
Por separado, en conferencia de prensa, organizaciones de la sociedad civil, académicos y feministas exhortaron al Congreso de la Unión a retirar las modificaciones hechas a la minuta de Ley contra la Trata de Personas, porque perjudican a las víctimas y demandaron a la Asamblea Legislativa no legalizar la prostitución.
Presentaron un escrito con 260 firmas entre las que destaca la de la ex diputada federal Marcela Lagarde, la periodista Lydia Cacho, investigadoras de la UAM, la UNAM y organizaciones de derechos humanos pidieron a los legisladores repudiar la prostitución y la violencia de género sin concesiones ni excepciones.
Sobre la minuta de Ley Contra la Trata de Personas, el documento destaca que la Cámara de Diputados le hizo modificaciones que atentan contra los derechos de las víctimas, pese a que la iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado.
