Los ministros eliminaron un apartado de la Ley Federal de Radio y Televisión, ya que notaron irregularidades en el trato que recibían los que buscaban obtener permisos con fines sociales, con respecto a los que solicitaban concesiones comerciales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló diversos apartados de la Ley Federal de Radio y Televisión mediante los cuales se dotó de facultades discrecionales a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para otorgar los permisos que le soliciten instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales, entre otras agrupaciones, para prestar el servicio de radiodifusión.
La mayoría de ministros del máximo tribunal del país también llegó a la conclusión de que de manera indebida el Congreso de la Unión estableció un trato diferenciado entre quienes buscan obtener una concesión para fines comerciales y quienes solicitan un permiso para instalar un medio de comunicación para fines sociales.
En opinión de algunos ministros como Mariano Azuela Güitrón, el Congreso estableció reglas y requisitos claros para quienes buscan una concesión con fines comerciales.
Y, en cambio, para quienes tratan de obtener un permiso para crear estaciones oficiales, culturales y de experimentación, entre otras, fijó un mecanismo mediante el cual dejó a la discrecionalidad de las autoridades decidir si les aumentan o no los requisitos que les pueden pedir.
Y esto, para ocho de los nueve ministros que actualmente integran el pleno de la SCJN, resultó inconstitucional, porque permite un trato diferenciado y discrecional entre quienes solicitan concesiones y quienes piden permisos.
El ministro Sergio Aguirre Anguiano, quien tiene a su cargo el caso, fue el único que se pronunció por declarar la validez de los puntos contenidos en el artículo 20 de la Ley Federal de Radio y Televisión, y que fueron impugnados por los 47 senadores de la anterior legislatura que promovieron el juicio contra la ley de medios.
Al continuar con la revisión del juicio de la ley de medios, la mayoría de ministros anuló la posibilidad de que se les pidan requisitos adicionales a quienes soliciten un permiso.
Y, al mismo tiempo, también anuló la facultad que se le había dado a las autoridades competentes para decidir de manera discrecional si otorgaban o no el permiso solicitado una vez que cumplieran con los requisitos normales.
