Derogan la autoridad del Gobierno de designar sin aprobación senatorial.
El Senado votó por abrumadora mayoría ayer a favor de derogar la autoridad del Gobierno de designar fiscales federales sin aprobación senatorial, como respuesta al escándalo que envuelve al secretario de Justicia Alberto Gonzales por la destitución de varios fiscales.
Por 94 votos a favor y dos en contra, la cámara alta aprobó la moción que cancela la cláusula en la Ley antiterrorista conocida como Ley Patriota, que permitía al secretario de Justicia designar fiscales sin confirmación senatorial.
Por su parte, el presidente George W. Bush en actitud desafiante advirtió a los demócratas que si no aceptan su oferta de que altos funcionarios declaren sobre las destituciones en audiencias cerradas, y no bajo juramento, habría un enfrentamiento constitucional del cual él no retrocedería.
Los demócratas respondieron con rapidez y firmeza: dijeron que hoy mismo empezarían a emitir citatorios para los funcionarios de la Casa Blanca.
"Las declaraciones deben hacerse bajo juramento y constar en actas. Esa es la fórmula para una verdadera rendición de cuentas", dijo Patrick Leahy, presidente de la Comisión Judicial del Senado.
En una declaración posterior, Bush dijo que irá a los tribunales si se emiten citatorios.
"No participaremos de un intento partidista de atrapar a funcionarios públicos honrados", dijo Bush. "Será lamentable si optan por seguir el camino de emitir citatorios y reclamar juicios públicos cuando yo he aceptado poner a su disposición a funcionarios cruciales y documentos de la Casa Blanca".
Sostuvo que si bien le disgustaba la manera como se informó de las destituciones al Congreso, "no hay señales de que alguien hiciera algo incorrecto".
La Casa Blanca ofreció permitir que el estratega político Karl Rove y la ex asesora legal del Gobierno, Harriet Miers, puedan conceder entrevistas -pero no declarar bajo juramento- ante los comités del Congreso que investigan el despido de los ocho fiscales.
Las entrevistas serían con Rove, Miers, el consejero legal adjunto William Kelley y J. Scott Jennings, asesor de la directora política de la Casa Blanca, Sara Taylor, que trabaja para Rove.
"Esas entrevistas serían privadas y se realizarían sin necesidad de un juramento, transcripción, testimonios subsecuentes o la emisión subsecuente de citatorios", afirmó el asesor legal de la presidencia, Fred Fielding en una carta dirigida al presidente de los comités judiciales de la Cámara de Representantes y del Senado.
Los demócratas denuncian que el Gobierno abusó de la autoridad que le confiere la Ley Patriota al despedir a ocho fiscales federales y postuló en su lugar a fiscales incondicionales de la Casa Blanca.
Horas antes, Gonzales había recibido una llamada del presidente Bush en que el mandatario le expresó su enfático apoyo. Gonzales, el hispano de mayor jerarquía en el Gobierno estadounidense, es amigo de larga data de Bush.
Según la Ley -que aun tendría que ser aprobada por la Cámara de Representantes-, cuando haya una vacante en el cargo de un fiscal federal, el Gobierno tendría 120 días para designar a un fiscal interino. Si el Senado no lo confirma en ese plazo, un reemplazo permanente deberá ser designado por un juez federal de distrito.
En esencia, el Senado hizo que la Ley relativa a los nombramientos de fiscales federales volviera a ser como era antes de que el Congreso aprobara la Ley Patriota, despojándole de la facultad unilateral para efectuar nombramientos, la cual había sido incorporada a pedido del Gobierno después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001.
La votación se produjo en momentos en que Gonzales y la Casa Blanca se preparaban para enfrentar más dificultades a consecuencia de los despidos. La presidencia también negó los reportes de que estaba buscando posibles reemplazos de Gonzales. "Esos rumores son falsos", dijo la subsecretaria de prensa Dana Perino.
