“Castigo: la justicia que los culpables les aplican a quienes son detenidos”.
Elbert Hubbard
Imagine usted un Gobierno que de manera metódica castiga a personas que no han sido juzgadas, muchas de las cuales son inocentes de cualquier acusación y que a cambio premia a aquellas que abiertamente violan la ley. Por supuesto que esto no tiene sentido, pero parece ser la filosofía a la que se recurre actualmente en la Ciudad de México.
El Gobierno del Distrito Federal ha mantenido una política de expropiar inmuebles en los que supone se está llevando a cabo algún ilícito. Con estas acciones, sin embargo, castiga muchas veces a justos por pecadores. Muchos de los habitantes de los inmuebles y terrenos expropiados no han cometido ninguna falta de ningún tipo. En todo caso su delito es ser vecinos de quienes, aparentemente, sí han delinquido. Y digo aparentemente, porque como las expropiaciones no se realizan después de un juicio justo simplemente nunca sabemos si los acusados son responsables de los hechos que se les atribuyen.
Pero eso no es todo. Ahora el Gobierno del Distrito Federal ha anunciado que los terrenos o inmuebles expropiados por “razones de utilidad pública” no se emplearán ya, como lo decían con anterioridad los propios funcionarios, para crear espacios públicos, como parques o centros culturales, sino que serán entregados a las organizaciones de comerciantes ambulantes, que abiertamente violan la ley, con el propósito de convencerlas de dejar las calles.
En otras palabras, ahora el Gobierno del Distrito Federal estará despojando de sus propiedades a personas que no han sido juzgadas y que pueden no haber cometido ningún delito para entregárselas a quienes abiertamente los cometen.
Me dice el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal, Meyer Klip, que las estadísticas muestran un descenso en los delitos en la Ciudad de México y en especial en el robo de vehículos, desde que se expropió el predio de La Ford en Iztapalapa. “Estoy convencido –afirma— que hay que golpear a los delincuentes donde más les duele, que es en los bolsillos”.
Y quizá, efectivamente, se haya registrado esta disminución en los robos. Hay buenas razones para pensar que las expropiaciones que se han hecho han afectado a muchos delincuentes junto a sus vecinos y a personas que no habían cometido ningún tipo de falta. Pero eso no significa que la estrategia sea legal o siquiera moralmente correcta.
Ni en nuestro país ni en ningún otro las responsabilidades penales pueden ser colectivas en lugar de personales. No se puede culpar a un pueblo o a una familia por un delito que haya cometido alguno de sus integrantes. No se puede castigar a una persona por ser vecina de alguien que haya cometido una falta. Pero esto es precisamente lo que están haciendo las expropiaciones.
Estas acciones no le dan al acusado ninguna oportunidad de defenderse. No permiten ni juicio ni jueces; tampoco contemplan la posibilidad de presentar pruebas de descargo. El Gobierno del Distrito Federal es el acusador, el juez y el verdugo. Y las reglas están hechas de tal forma que el acusado es considerado culpable aun cuando nunca se demuestre su responsabilidad.
Estoy de acuerdo en que se castigue a los criminales. Me parece correcto que se les pegue en los bolsillos una vez que se demuestra su culpabilidad. Pero no puedo aceptar una política que castiga a todos los habitantes de un predio por un delito que la autoridad ni siquiera se ha molestado en comprobar.
El que el Gobierno después tome esos predios y los entregue a quienes abiertamente violan la ley, pero que han tenido la fuerza política para negociar con las autoridades o para venderles sus votos, me parece un mayor horror jurídico y ético. A ti, a quien considero delincuente, aunque no te pueda comprobar nada, te despojo de tus propiedades para entregárselas a otro que en todo caso también viola la ley, pero que tiene mayor influencia política que tú.
Lo peor del caso es que esos grupos de ambulantes difícilmente quedarán satisfechos con esos predios que se les van a entregar. Ya en el pasado, durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando Manuel Camacho Solís era regente de la Ciudad de México y Marcelo Ebrard secretario de Gobierno, se les entregaron a estas mismas organizaciones de ambulantes un número de predios y plazas comerciales que en su mayoría se quedaron vacías con el paso del tiempo. Lo mismo, muy probablemente, ocurrirá en esta ocasión. Pero lo triste es que las garantías individuales que se violen en el camino no podrán ya restituirse.
UN BUEN PROYECTO
Entre más estudio el proyecto de la Torre del Bicentenario, que sería la más alta de Latinoamérica, más llego a la conclusión de que vale la pena impulsarlo. La inversión de 660 millones de dólares es muy importante. Se crearían 4,400 empleos en la construcción y 600 definitivos, que sólo quienes nunca han tenido que trabajar pueden despreciar. El inmueble de supuesto valor histórico en el predio simplemente no tiene tal valor (sólo hay que verlo). El proyecto incluye importantes mejoras en infraestructura vial e hidráulica que beneficiarían de manera significativa a los vecinos. Los seis mil cajones de estacionamiento ayudarían enormemente a resolver el problema de estacionamiento de la zona. Hay que examinar si realmente la torre interferiría en la ruta de acceso de aviones al aeropuerto, pero hasta el momento al proyecto le veo muchas más ventajas que problemas.
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