En días pasados, la crisis del Transporte público en la ciudad de Torreón, Coahuila, llegó al punto de rebelión por parte de los permisionarios, aparente agresión a funcionarios públicos y detención de cabecillas; se presentía desde tiempo atrás, a pesar de las declaraciones triunfalistas e irresponsables de algunos voceros de la presidencia, que con bombo y platillo, antes de terminar el año 2006, declararon ufanos que sólo faltaban ?detalles? para resolver el problema y ahora acusan al PRI de ser promotor del choque violento, sin pruebas, provocando a la Oposición y mostrando grave carencia de tacto político.
La realidad es que la historia se repite; desde hace mucho tiempo, los propietarios y líderes transportistas de la Comarca Lagunera, han sido quienes definen las condiciones, tarifas y hasta rutas en el transporte urbano, sin tomar en cuenta las consideraciones o indicaciones de las autoridades municipales, mucho menos de los usuarios, que a la fecha ya aprendieron a vivir entre penurias y zozobras en cada uno de sus traslados.
Basta observar los autobuses para identificar las inadecuadas y peligrosas condiciones de servicio, el incumplimiento de normas de seguridad y de funcionamiento mecánico, la contaminación ambiental provocada, amenaza a otros vehículos que se atreven a cruzarse en su camino y como niegan la mínima comodidad a los usuarios. No tiene caso comentar la desatención de los operarios, que va desde la agresividad con groserías, hasta el desenfado.
El problema es consecuencia de las prebendas recibidas en antaño por los líderes, integrantes de un sistema político corrupto que se niega a morir, insistiendo en retener sus ?beneficios extra?, tales como condonación de infracciones, impunidad en el tráfico de placas, permisos de circulación, protección ante la Ley en casos de accidentes de tránsito ?los particulares comúnmente somos los perdedores, de una u otra forma? y otro tipo de ganancias personales o de grupo; todo, a cambio de los apoyos diversos en las campañas y acarreo de votantes durante los periodos electorales.
Así, las autoridades ?crearon su propio monstruo?, al que ahora no pueden contener, recibiendo el agravio los usuarios que no pudieron trasladarse a sus destinos, comerciantes que han visto disminuidos sus ingresos por ventas y centros de trabajo y servicios sufriendo deficiencias por ausentismos y atrasos.
Ahora, el monstruo ha crecido, hasta sentirse capaz de poder devorar todas las posibilidades de control, tragándose y nulificando a esas mismas autoridades que cayeron ?por incapacidad y falta de experiencia? en el viejo truco.
El proceso usted ya lo conoce: declaración política electoral, propuestas de diálogo entre autoridades y jefes de las diferentes mafias de transporte, discusiones, amenazas cruzadas de ambos bandos, frecuentes paros de servicio, hasta llegar a choques violentos de agremiados y autoridades; luego: más avisos por los medios de comunicación, promesas de mejorar las unidades, lograr incrementos al costo del pasaje ?amenazan cobrar $5.00 por viaje, o más?, incumplimiento de los compromisos adquiridos por los transportistas, discreta huida al problema y ?enterramiento? silencioso por parte de las autoridades, conclusión del periodo de la Administración municipal en turno y reinicio del ciclo con otros funcionarios, que tampoco cumplirán. Claro que, cada año, los autobuses son más viejos y peligrosos.
El caso requiere verdadera voluntad política, esa que se impone a los intereses de las minorías y hacen valer los derechos de toda la ciudadanía; desde luego, tiene puntos álgidos, pero al lograr el objetivo ganarán la verdadera popularidad, justa, la recibida por el reconocimiento del cumplimiento del deber.
Ante la obcecada posición de los transportistas, el presidente municipal pidió apoyo a los distintos sectores de la comunidad que cuentan con transporte propio; inmediatamente recibió muestras de solidaridad, evidencia inequívoca de que los ciudadanos buscamos señales de liderazgo efectivo para apoyarlo y seguirlo, unidos en la búsqueda de soluciones a problemas comunes. Grave compromiso, de alto costo político si no se cumple el objetivo. ¿No le parece?
Los puntos principales de discusión son: uso de uniformes, aplicación de antidoping, horario establecidos, revisiones físicas y mecánicas, capacitación, descuentos a estudiantes y mayores, seguro a viajeros, gafetes de identificación, renovación de unidades, plaqueo total, identificación de unidades, barras de contadores, crear una caja común, reestructuración de rutas y bases para resguardar unidades. ¿Cuántas de estas condiciones cree que cumplirán?
Este problema no es nuevo, lo padecemos desde hace decenas de años; sin embargo, ahora aparece con componentes que pueden provocar una crisis mayor: el fortalecimiento de los líderes por los éxitos anteriores y que ahora, maliciosamente, piden intervención de Derechos Humanos olvidando las responsabilidades y el mal manejo político, con deficiente uso del poder de autoridad.
Hemos llegado al peligroso punto donde, conforme sea derrotada la autoridad, los transportistas se fortalecerán, recargando energías para continuar saliéndose con la suya y abusando de todos. ¿Qué opina?
ydarwich@ual.mx
