La contienda política de Baja California puede convertirse en un polvorín nacional en caso que las medidas del Tribunal Estatal Electoral no encuentren su mejor cauce político.
En cuestión de una semana el organismo electoral revocó cinco candidaturas para distintos puestos de elección popular, entre ellas la del candidato a gobernador de la Alianza Para que Vivas Mejor (PRI, PVEM y PEBC), Jorge Hank Rohn.
Esta ocurrió la semana pasada pero este miércoles se sumaron cuatro revocaciones más, tres de la alianza priista y una más del PT-Convergencia. Cuatro revocaciones corresponden a la llamada “ley antichapulín” de Baja California que impide a funcionarios en puestos de elección popular lanzarse como candidatos antes de concluir su gestión.
En sólo siete días Baja California se quedó sin dos candidatos para gobernador, sin dos candidatos para alcaldes (Tijuana y Ensenada) y sin un candidato para regidor de Tijuana.
Lo preocupante es que esto ocurre a menos de cuarenta días de los comicios locales programados para el domingo cinco de agosto cuando se elegirán a un gobernador, cinco alcaldes y a los integrantes del Congreso del Estado.
Aparentemente las decisiones asumidas por el Tribunal Estatal Electoral por dos votos contra uno están sólidamente fundamentadas y se vislumbra como una posibilidad muy remota que el Tribunal Federal Electoral las desconozca.
Lo que no resulta tan lógico es que los cuerpos encargados de organizar esta elección hayan autorizado los registros de estos candidatos a pesar de sus impedimentos legales.
Seis meses atrás el PRI realizó una consulta técnica al Consejo Estatal Electoral, organismo que no sabemos por qué razones opinó que no había impedimento para registrar la candidatura de Hank, quien ocupaba entonces la alcaldía de Tijuana y de acuerdo al Artículo 42 de la Constitución Estatal estaba impedido para ser candidato en estos comicios.
Pero Hank, al igual que tres políticos más, se lanzaron al ruedo hasta que el Tribunal Estatal les dio palo y ordenó a sus partidos y alianzas sustituirlos en un lapso de diez días.
Sin lugar a dudas es positivo saber que existe este tipo de tribunales en donde se tomen decisiones jurídicas fuera de las estructuras políticas tradicionales como son los gobiernos, congresos y los institutos electorales.
Pero lo que resulta inquietante son los tiempos para tomar decisiones como en este caso en donde cinco candidatos fueron “enfriados” de un día para otro a pesar de que el propio consejo electoral había aprobado sus respectivos registros.
Sin duda que Hank y compañía se pasaron de listos al no cumplir cabalmente con los preceptos legales, pero ¿por qué les permitieron llegar hasta aquí y provocar ahora una grave crisis electoral que puede costarle muy caro a México?
Para colmo de males ahora se habla de supuestas negociaciones en donde Baja California podría ser sacrificada por los panistas a cambio de que el PRI respalde la propuesta fiscal del presidente Felipe Calderón.
Tan solo escuchar esta versión se nos revuelve el estómago al recordar aquellas terribles “concertacesiones” entre el PRI y el PAN en los tiempos de Carlos Salinas.
Hacer cumplir la ley por dolorosa que sea será siempre la mejor opción y quien se haya equivocado en este caso, sea el Consejo o el Tribunal Electoral, deberá sufrir las consecuencias.
Porque tampoco se vale jugar con las leyes en tiempos electorales y menos en un estado como Baja California que tanto ha significado para la democracia mexicana.
Envía tus comentarios a
josahealy@hotmail.com
